MEXICALI.- La Federación Baja California de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) se pronunció sobre la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel y del empresario Ricardo Thompson Navarro, al exigir que las investigaciones se conduzcan con imparcialidad, transparencia y pleno respeto al Estado de derecho, sin sesgos políticos ni mediáticos.
En un posicionamiento conjunto de los Centros Empresariales de Ensenada, Tijuana y Mexicali, el organismo empresarial sostuvo que toda persona debe responder por sus actos conforme a la ley, pero también tiene derecho a un proceso imparcial, transparente y con absoluto respeto a las garantías constitucionales y al debido proceso.
COPARMEX señaló que las autoridades competentes deben actuar con absoluta objetividad, respetando la presunción de inocencia y sustentando cualquier determinación exclusivamente en los hechos, las pruebas y el marco jurídico aplicable.
Asimismo, manifestó su preocupación de que este caso pueda desviar la atención de otros asuntos de interés público que también requieren claridad, transparencia y rendición de cuentas, particularmente aquellos relacionados con señalamientos formulados contra altos funcionarios del Gobierno del Estado de Baja California.
El organismo enfatizó que la legalidad debe aplicarse de manera uniforme y sin excepciones, pues la confianza en las instituciones depende de que la justicia actúe con el mismo rigor para todas las personas, independientemente de su cargo, filiación política, influencia o condición personal.
En la segunda parte de su posicionamiento, COPARMEX reiteró su compromiso con la legalidad y expresó preocupación porque, a su juicio, otros asuntos relacionados con presuntos vínculos con la delincuencia organizada, investigaciones por lavado de dinero y el denominado “huachicol fiscal” no han recibido el mismo nivel de atención por parte del Gobierno Federal.
Además, lamentó que exista una percepción ciudadana de que la aplicación de la ley responde a criterios políticos y pueda utilizarse para generar “cortinas de humo” frente a otros temas de interés nacional.
Por ello, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para actuar con plena autonomía, deslindar responsabilidades con pruebas contundentes y garantizar una actuación institucional e imparcial. También exigió que la ley se aplique por igual a todos los involucrados en los casos de “huachicol fiscal”, incluidos aquellos que actualmente desempeñan cargos públicos y han sido señalados públicamente.
Finalmente, la organización empresarial aclaró que su posicionamiento no constituye una defensa de persona alguna, sino una exigencia para que la aplicación de la ley se sustente en bases jurídicas sólidas, sin consignas ni sesgos políticos, con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de procuración e impartición de justicia.
