Mexicali, Baja California.- La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción inició sus operaciones en este año 2022 sin recurso para poder operar, la misma situación que se presentó el año pasado por demás difícil y que viene arrastrando desde hace tiempo, sin embargo, en la SESEABC no se ha dejado de trabajar.

El 31 de diciembre pasado se publicó en el Periódico Oficial del Estado el presupuesto de egresos para el 2022, aprobado por la XXIV Legislatura local, por un monto por 14 millones de pesos a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, sin embargo -igual que el año pasado- el ejercicio de dicho presupuesto se encuentra condicionado por un artículo transitorio que establece que será otorgado hasta en tanto la SESEABC cumpla con el procedimiento formal de presentación y aprobación de su Órgano de Gobierno en términos de la legislación aplicable.

Actualmente también se encuentra acéfala la titularidad de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, se encuentra acéfala igual la presidencia del CPC, al igual que el resto de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana en su totalidad, esto debido a la situación que atraviesa el Sistema, ya que por un lado se encuentran suspendidos de sus cargos por la SHFP, dentro de sus respectivos asuntos de responsabilidad administrativa y por otro lado, por determinación del Órgano de Gobierno fueron cesados de sus cargos seis de los consejeros ciudadanos, de quienes se tiene conocimiento que actualmente cuatro de ellos cuentan con procesos litigiosos activos en contra de dichas determinaciones y el resto de los consejeros, concluyeron el periodo para el cual habían sido designados el pasado 12 de julio de 2021.

“El Órgano de Gobierno de acuerdo a lo establecido por el artículo 28 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Baja California, se integra por los miembros del Comité Coordinador y será presidido por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana, siendo que este último se encuentra acéfalo”

Francisco Javier Rebelín Ibarra.

Secretario Técnico de la SESEABC

El órgano de gobierno se ha ido reduciendo también y bajo el principio de que nadie está obligado a lo imposible, de momento sólo se cuenta con diez integrantes.

“Por otro lado, es importante decir que no podemos pasar desapercibido que se cuenta con una resolución en la acción de inconstitucionalidad 119/2017 promovida por la Comisión de los Derechos Humanos, en la cual se determinó la invalidez de los artículos 16 y 17 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción con invalidez extensiva al precepto relativo de la constitución local, esto es el artículo 95, por lo que actualmente se sabe que existen proyectos de reforma de los citados artículos los cuales sabemos el Congreso del Estado está trabajando en ellos, hacemos un atento exhorto para que esto se agilice, a fin de dar certeza a este Sistema Estatal Anticorrupción como a sus trabajadores” comentó Rebelín Ibarra.

Actualmente en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, ante la carencia de recursos económico, solo se cuenta con siete servidores públicos, quienes están atendiendo las consultas de transparencia, seguimiento de los registros contables, registros programáticos y presupuestales, mismos que se suben en los portales públicos en los que estamos obligados, de igual forma, nos encontramos avanzando en el diseño de la plataforma digital y la elaboración de los manuales de implementación, así como evaluación y seguimiento de la PEA (Política Estatal Anticorrupción).

Esta última (PEA), se encuentra pendiente de aprobación por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, por el mismo motivo referido de los integrantes cuyo cargo se encuentra acéfalo.

Seguimos avanzando en la SESEABC con los limitados recursos económicos y humanos, para que una vez que se reestablezcan los órganos que integran el Sistema Estatal Anticorrupción, se dé continuidad a los trabajos realizados. Invitamos a las autoridades correspondientes a dar seguimiento a este tema y situación, ya que es de suma importancia para el Estado como una de las prioridades de la Gobernadora Marina del Pilar y del gobierno federal.

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