Tijuana, Baja California.- El Gobierno del Estado y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, firmaron un convenio de colaboración para coordinar los esfuerzos de los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en el ámbito estatal y federal.
Ante el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno Federal, Alejandro Encinas, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que el acuerdo busca el mejoramiento de ambos mecanismos, con el fin de garantizar la integridad y la seguridad de quienes defiendan derechos humanos o ejerzan el periodismo en el Estado de Baja California.
Lo relevante es que el mecanismo pase de ser reactivo a preventivo, ya que se trata de ataques arteros en los que personas que perdieron la vida en defensa de la sociedad y sus intereses.
“Esto demuestra la importancia que le da el gobierno federal al trabajo de los periodistas y defensores de los derechos humanos, esa misma importancia la damos los tres poderes del estado de Baja California, así como cada uno de los presidentes municipales del Estado”, expresó.
Tras la firma del acuerdo que tuvo lugar en el Centro Cultural de Tijuana (Cecut), la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante Martínez, agradeció la invitación a este importante evento, en donde se encuentran trabajando en coordinación los tres niveles de gobierno para combatir la impunidad.
Señaló que con este convenio el Gobierno de Mexicali, actualizará sus protocolos de seguridad, para reporteros y defensores de causas sociales, con el fin de brindarles mayor protección, así como, se difundirán acciones preventivas para evitar agresiones.
En esta firma del convenio también participaron también el coordinador ejecutivo Nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Enrique Irazoque Palazuelos; el secretario general de Gobierno del Estado, Catalino Zavala Márquez; la subsecretaria de Derechos Humanos de Baja California, Melba Olvera Rodríguez, asimismo, acudieron autoridades gubernamentales y representantes de asociaciones civiles y de la comunidad periodística.
