Durante la glosa del tercer informe de la Fiscalía General del Estado, María Elena Andrade Ramírez defendió los resultados de la institución, confirmó investigaciones contra agentes municipales y anunció compromisos en materia de fraude inmobiliario, atención a mujeres y fortalecimiento de la infraestructura.
MEXICALI.- La fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez, presentó ante integrantes de la XXV Legislatura del Congreso de Baja California su Tercer Informe de Gestión, en el que expuso avances en materia de atención ciudadana, persecución penal, infraestructura y fortalecimiento institucional.
Durante su comparecencia, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) destacó el incremento del 16% en las órdenes de protección para mujeres en situación de riesgo y del 65% en las sentencias condenatorias por feminicidio e intento de feminicidio.
También informó que el Edificio de Investigación Violeta registra un avance físico del 85%, mientras que el nuevo Edificio de Investigación de Personas Desaparecidas en Mexicali ya fue concluido.
En materia de seguridad y tecnología, la FGE reportó la puesta en operación del sistema CAD 9-1-1, así como el fortalecimiento de la videovigilancia y de las herramientas de alerta ciudadana. De acuerdo con los indicadores presentados, se registraron reducciones del 9% en robo general, 10% en robo de vehículo, 12% en robo a comercio y 26% en robo a casa habitación.
Asimismo, la institución señaló una disminución del 25% en las víctimas de homicidio doloso y del 38% en el delito de secuestro, dentro del periodo comparado.
Como parte del fortalecimiento operativo, la Agencia Estatal de Investigación incorporó 116 nuevos elementos, 111 unidades vehiculares y equipo especializado. Además, se pusieron en marcha tres unidades de investigación especializadas contra la extorsión.
En cuanto a la atención ciudadana, los cinco Centros de Atención Móvil brindaron servicio a más de 50 mil personas en 354 comunidades, mientras que el programa Fiscal Enlace Contigo realizó 647 jornadas en mil 179 comunidades, con un alcance de 67 mil 394 ciudadanos.
Andrade Ramírez refrendó ante el Congreso del Estado su compromiso de mantener una Fiscalía moderna, transparente y con resultados medibles en favor de las familias de Baja California.
La sesión se prolongó hasta después de las 16:00 horas de este miércoles, cuando se dio por concluído el ejercicio de rendición de cuentas de la fiscal general.
Cuestionan desapariciones, extorsión, policías vinculados al crimen y rezagos
Cuestionamientos sobre desapariciones, extorsión, posibles vínculos de policías con grupos criminales, fraude inmobiliario y rezago en las investigaciones marcaron la comparecencia de la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, ante el Congreso del Estado.
Durante la glosa del tercer informe de gestión de la Fiscalía General del Estado (FGE), las diputaciones solicitaron explicaciones sobre la efectividad de las carpetas de investigación, la atención a víctimas y las condiciones en que trabajan los agentes ministeriales y peritos.
La sesión se desarrolló ante la Junta de Coordinación Política ampliada a las diputaciones de la XXV Legislatura.
Caso Pedro Ariel Mendívil y jóvenes desaparecidos
La diputada de oposición, Alejandrina Corral Quintero (PAN) cuestionó a la fiscal por el resultado del proceso contra el exdirector de la Policía Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, y otros agentes investigados por su posible participación en delitos graves.
Andrade Ramírez explicó que, de cinco personas sometidas al proceso, tres fueron vinculadas a proceso y dos no. Afirmó que la Fiscalía consideraba que existían elementos para obtener la vinculación de las cinco personas, aunque la autoridad judicial no coincidió con esa valoración.
La fiscal señaló que la carpeta permanece abierta y que no podía revelar mayores detalles debido a que se trata de una investigación en curso.
Durante su respuesta, relacionó el caso con la desaparición de jóvenes vinculados con el bar Shots en Mexicali. Indicó que las víctimas no han sido localizadas y que únicamente se encontró una camioneta que, según la información expuesta, estaba siendo modificada para colocarle un blindaje artesanal en un taller del Valle de Mexicali.
La Fiscalía, anotó, mantiene abiertas otras investigaciones contra agentes que presuntamente habrían entregado a personas detenidas a grupos delictivos. Aclaró que, de acuerdo con su estimación, más del 95 por ciento de los policías son elementos comprometidos, pero señaló que existen casos de agentes que presuntamente habrían colaborado con organizaciones criminales.
Cuestionan seguimiento de llamadas de extorsión
Otro de los temas centrales fue el seguimiento de las llamadas anónimas relacionadas con extorsión y fraude telefónico. En este ejercicio se recibieron 12 mil 716 llamadas relacionadas con estos delitos, aunque solo una parte derivó en carpetas de investigación. Las diputaciones cuestionaron qué ocurre con las llamadas restantes y si la información obtenida se utiliza para identificar a los responsables.
La Fiscal explicó que muchas de las llamadas se realizan desde teléfonos desechables, públicos o con números provenientes de otras entidades y países, lo que dificulta su rastreo. Señaló que el personal del C5 fue capacitado para orientar a las víctimas y evitar que realicen depósitos.
En cuanto a los casos considerados como extorsiones concretas, Andrade Ramírez reportó:
- 52 bandas desarticuladas.
- 112 personas detenidas.
- Tres unidades especializadas en investigación de extorsión, ubicadas en Mexicali, Tijuana y Ensenada.
Recursos económicos que, según la Fiscalía, se evitó que fueran depositados por víctimas de este delito.
Durante su intervención, Andrade Ramírez indicó que en Mexicali se contabilizaron 18 carpetas judicializadas y 21 personas vinculadas a proceso; en Tijuana, 38 carpetas judicializadas, 27 personas vinculadas y una sentencia condenatoria; mientras que en San Quintín se reportaron 21 carpetas judicializadas, 14 vinculaciones y tres sentencias condenatorias.
Las cifras quedaron pendientes de ser cotejadas con el desglose oficial que la Fiscalía se comprometió a entregar por escrito, debido a que durante la comparecencia se mencionaron diferentes universos de llamadas y carpetas.
Reconocen fallas de comunicación en el Valle de Mexicali
La diputada María Yolanda Gaona Medina (PAN) cuestionó la falta de cobertura de radiocomunicación en la zona sur del Valle de Mexicali, particularmente en comunidades como Kilómetro 57, Carranza, Oviedo Mota y Mezquital.
Señaló que los agentes de seguridad y de investigación, reveló, han tenido que recurrir a teléfonos celulares y WhatsApp durante los operativos, situación que representa un riesgo ante la posibilidad de perder segundos importantes durante una emergencia.
El planteamiento se realizó después del asesinato del subcomandante de la Policía Municipal José Ramón Barajas Félix, ocurrido en el Valle de Mexicali, así como de otros hechos violentos contra elementos de seguridad.
Andrade Ramírez reconoció que la zona no cuenta con antenas repetidoras suficientes y afirmó que la Fiscalía trabaja en un proyecto para ampliar la cobertura hacia el sur del Valle y la carretera a San Felipe.
Informó que la Agencia Estatal de Investigación cuenta con casi 500 agentes en Mexicali y que, ante hechos de alto impacto, los elementos se desplazan en grupos junto con autoridades estatales, municipales y federales.
Sin embargo, no estableció una fecha concreta para la instalación de la antena solicitada. Señaló que el proyecto deberá revisarse con el Ayuntamiento de Mexicali y la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, con una posible ejecución durante el siguiente ejercicio.
Fiscalía anuncia unidad especializada contra el fraude inmobiliario
Durante la comparecencia, la Fiscal confirmó la detección de cinco casos relacionados con un presunto entramado de fraude inmobiliario, en los que estarían involucradas cuatro personas.
Andrade Ramírez mencionó investigaciones contra personas vinculadas con despojos y posibles actos de corrupción en los que podrían estar involucrados funcionarios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
También informó sobre una persona investigada en ocho expedientes y otro caso con cerca de 30 carpetas relacionadas con fraudes, aunque aclaró que no todas correspondían a asuntos inmobiliarios.
Ante los cuestionamientos del Congreso, se comprometió a crear una unidad especializada en fraude inmobiliario, que dependería de la estructura de delitos patrimoniales o de una fiscalía especializada.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Manuel Molina García (Morena), solicitó información adicional sobre el fraude procesal, particularmente en casos donde se utilizan contratos de compraventa, escrituras u otros documentos presuntamente falsos para despojar a personas de sus propiedades.
Andrade Ramírez se comprometió a entregar la información por escrito. También instruyó a la Fiscalía Regional de Mexicali revisar un posible conflicto relacionado con más de 200 predios en la zona de Centenario Azteca, en el oriente de la ciudad.
Cuestionan rezago y clasificación de carpetas
Durante su intervención, la presidenta en funciones de la sesión solicitó un desglose del destino de las 97 mil 858 carpetas de investigación reportadas por la Fiscalía.
La petición incluyó información sobre carpetas activas, archivos temporales, criterios de oportunidad, no ejercicio de la acción penal, abstención de investigar, mecanismos alternativos, perdón, sentencias y otras formas de conclusión.
Violencia de género y Edificio de Investigación Violeta
En materia de violencia contra las mujeres, Andrade Ramírez informó que se iniciaron 15 mil 678 carpetas, de las cuales 7 mil 713 fueron judicializadas.
También reportó mil 41 órdenes de aprehensión cumplimentadas y 4 mil 125 personas vinculadas a proceso.
Destacó el incremento de los cateos relacionados con violencia de género, al pasar de ocho durante un periodo de referencia a 461 en el periodo más reciente mencionado durante la comparecencia.
Respecto al Edificio de Investigación Violeta, informó que la primera fase podría inaugurarse en aproximadamente un mes, mientras que una segunda etapa estaría prevista para marzo de 2027. El inmueble contará con oficinas destinadas a la investigación especializada de delitos contra las mujeres.
La Fiscalía había reportado previamente un avance físico del 85 por ciento en este proyecto.
Reclutamiento de agentes y capacitación forense
El diputado morenista Dani Fidel Mogollón Pérez preguntó sobre la capacidad de formación de agentes estatales de investigación y las condiciones económicas de los cadetes, a lo que la Fiscal informó que la capacidad de formación pasó de 50 a 100 espacios y que actualmente se cuenta con 100 cadetes.
También indicó que la beca mensual aumentó de cuatro mil a ocho mil pesos y posteriormente a 12 mil pesos, con el objetivo de apoyar a aspirantes que tienen responsabilidades familiares durante su periodo de formación.
En materia forense, Andrade Ramírez señaló que existen 18 laboratorios acreditados y personal certificado bajo normas técnicas relacionadas con criminalística de campo, topografía, tránsito terrestre, lofoscopía, balística, documentos cuestionados, química, genética y sustancias controladas.
CUESTIONAN PRESUNTOS PRIVILEGIOS Y USO DE RECURSOS OFICIALES
La diputada Yohana Grijalva (PT) cuestionó la supuesta realización de una fiesta infantil en instalaciones de la Fiscalía, así como la asignación de vehículos oficiales a personal administrativo y las denuncias anónimas sobre presuntos favoritismos y sobrecargas de trabajo.
Andrade Ramírez respondió que no tenía conocimiento de que la fiesta se hubiera realizado y que el caso fue turnado a Asuntos Internos para verificar la información.
Sobre los vehículos oficiales, afirmó que se instruyó que las unidades operativas fueran utilizadas por los agentes de investigación y pidió que se proporcionaran datos concretos sobre cualquier posible irregularidad.
La diputada también cuestionó a la fiscal sobre su evaluación de resultados. Andrade Ramírez respondió que no tiene facultades para calificarse a sí misma y sostuvo que el personal de la institución debe trabajar al cien por ciento debido a la naturaleza de sus funciones.
PIDEN FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ASUNTOS INDÍGENAS
La diputada Evelyn Sánchez (Morena) solicitó información sobre el presupuesto asignado a la atención de comunidades indígenas y afromexicanas, así como una proyección para el ejercicio fiscal 2027.
La legisladora recordó que existe una unidad dentro de la Fiscalía de Derechos Humanos que atiende casos relacionados con personas en situación de vulnerabilidad por su pertenencia a comunidades indígenas.
La fiscal reconoció la necesidad de avanzar hacia una Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas y señaló que el presupuesto sería analizado con la Oficialía Mayor para preparar una propuesta para el siguiente ejercicio.
SOLICITAN MEJORAR ATENCIÓN A VÍCTIMAS
Al cierre de la comparecencia, las diputaciones insistieron en la necesidad de mejorar el primer contacto con la ciudadanía, particularmente en la recepción de denuncias y la orientación a víctimas.
Juan Manuel Molina García, presidente de la sesión, destacó que el personal de mostrador y quienes reciben las primeras solicitudes representan la imagen inicial de la institución ante las personas que enfrentan un delito.
La fiscal María Elena Andrade Ramírez agradeció la participación de las diputaciones y se comprometió a mantener la disposición de rendir cuentas y atender las observaciones del Congreso.
La sesión concluyó a las 16:16 horas de este 23 de septiembre de 2026, para abrir el espacio para las fotografías oficiales.
