MEXICALI. El legislador Juan Manuel Molina aseguró que en Baja California no existen fraccionamientos privados en términos legales, aunque la proliferación de casetas, plumas automatizadas y sistemas internos de vigilancia ha derivado en escenarios donde algunos comités vecinales operan como “verdaderos autogobiernos”.
El legislador hizo estas declaraciones tras una reunión con la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante Martínez, el coordinador de regidores de Morena, César Castro, y directivos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde se abordó el exhorto emitido por el Congreso local para regular el acceso en dichos fraccionamientos.
Molina García alertó que patrullas, ambulancias e incluso bomberos enfrentan demoras para ingresar a estas zonas, obligados a hacer fila debido a sistemas que no permiten el acceso simultáneo por múltiples entradas. “No es admisible que una ambulancia o una patrulla tenga que esperar para ingresar a una colonia, porque el sistema automatizado no reconoce su presencia”, esto ha afectado la capacidad de respuesta ante emergencias, generando preocupación entre autoridades y residentes.
El diputado también enfatizó que las calles, banquetas y parques dentro de estos fraccionamientos siguen siendo propiedad pública, lo que impide legalmente que se restrinja el acceso de servicios estatales. Esta falta de claridad normativa ha generado vacíos legales donde algunos comités vecinales han instaurado guardias no registrados, que operan sin el aval de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado ni cobertura en esquemas de seguridad social.
La propuesta legislativa contempla no solo garantizar el ingreso sin obstáculos de unidades de emergencia, sino también facilitar el acceso oficial a grabaciones de cámaras de seguridad privadas, cuya operatividad podría representar información clave en investigaciones delictivas.
La inquietud radica en que, lejos de fortalecer la seguridad vecinal, algunos fraccionamientos han sido escenario de incremento en la incidencia delictiva, incluyendo invasión de inmuebles y presunta colusión de miembros de comités vecinales con estos actos, de acuerdo con documentación presentada por Molina García.
