Tijuana, Baja California.- Mientras que para el empresario tijuanense, Jorge Macías, el intento de Jaime Bonilla Valdez de expropiar el Club Campestre responde a una cuestión personal, para el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano este tema es algo legal y obedece a un “interés superior”.
Quien es Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tijuana (Canaco) en Tijuana, precisó que los deseos del mandatario estatal atentan contra el patrimonio de un grupo de personas, mientras que “el pulmón ahí está haciendo su función”, refiriéndose a la preocupación que ha expresado Bonilla sobre la necesidad de más espacios verdes en la ciudad. La acción que debería tomar, más bien, dijo, es forestar otras áreas de la ciudad.
Macías consideró que ésta no es la manera de hacer las cosas. “Es una empresa privada que tiene muchos años funcionando, lo veo más como tema político-personal que como una razón favorable para la ciudadanía”, a la vez que destacó la importancia de que en Baja California se respete el tema de propiedad privada.
Por su parte Rodríguez Lozano afirmó que la intención del Gobierno que encabeza Jaime Bonilla Valdez de expropiar el Club Campestre de Tijuana es legal y obedece a un interés superior que es el beneficio de todos los ciudadanos.
Consideró que quienes opinan de manera negativa al respecto lo hacen por desconocimiento o mala intención y están en un error.
Cuestionó las declaraciones del secretario de Movilidad Urbana Sustentable del Ayuntamiento de Tijuana, Alberto Rafael Herrera Gutiérrez, quien cuestionó la intención de Bonilla por expropiar el Campestre.
“Le diría a mi querido amigo que curse otra vez la carrera de derecho, porque al argumentar que como los miembros del Campestre son los legítimos dueños de esos terrenos, eso hace imposible su expropiación es un argumento totalmente falso, es un desconocimiento total del orden jurídico nacional y Estatal; al contrario, al ser los legítimos dueños son sujetos de expropiación”, dijo el Secretario General, cuyos intentos por violar la Constitución han sido frenados en múltiples ocasiones por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Otro que se opuso a esta intención fue el diputado local Rodrigo Aníbal Otáñez Licona.
“También le diría al diputado con todo respeto que hay que echarse un clavado en el desarrollo del derecho constitucional en México, donde se observa claramente que de acuerdo con el artículo 27 constitucional, la propiedad privada es una propiedad derivada, no es una propiedad originaria, qué tiene que ver con la historia”, argumentó Rodríguez Lozano.
“No es un ataque a la propiedad privada, no hay porqué desgarrarse las vestiduras diputado Otáñez, simplemente es un ejercicio de autoridad que de darse estaría cumpliendo con los objetivos sociales de nuestro orden jurídico y sobre todo atendería al interés de la gran mayoría de los ciudadanos”, finalizó.
