MEXICALI.- La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda viajó a la Ciudad de México a dar una entrevista en el programa Los Periodistas, donde protagonizó el más reciente capítulo de la novela política del momento. Ahí aseguró que fue víctima de una “emboscada psicológica” por parte del exgobernador Jaime Bonilla Valdez, al referirse a la reunión en la que, según dijo, le ofrecieron ayuda para gestionar la recuperación de su visa estadounidense y de la que posteriormente surgieron los audios difundidos en redes sociales.
Durante la entrevista en el programa transmitido por el canal de Sin Embargo en YouTube, la mandataria estatal sostuvo que el encuentro ocurrió en 2025, cuando buscaba reconstruir la relación política con Bonilla en favor de la unidad de Morena.
“Fue una emboscada psicológica. Así lo defino. En aquel momento, buscando la unidad del movimiento, me reuní con el exgobernador y él me dijo que podía recomendarme a alguien para ayudarme con el tema de mi visa”, declaró.
Ávila Olmeda afirmó que el acercamiento fue gestionado por César Yáñez, a quien identificó como amigo de ambos.
“Nos reunimos y estrechamos las manos en aras de la unidad del movimiento”, comentó.
Niega acuerdos fuera de la ley
La gobernadora rechazó que funcionarios de agencias estadounidenses como la DEA, el FBI o la CIA le hayan ofrecido algún acuerdo especial para recuperar su visa o le hayan solicitado información a cambio.
“No ha existido ningún planteamiento fuera del marco legal. Todo ha sido dentro de la legalidad”, afirmó.
También rechazó que autoridades estadounidenses le hayan pedido información relacionada con temas de seguridad.
“No ha habido ninguna insinuación para proporcionar información. Todo fue dentro del ámbito personal y relacionado con aclaraciones sobre la tramitación de la visa.”
Añadió que los acercamientos con autoridades estadounidenses ocurrieron únicamente durante 2025 y que desde entonces no ha vuelto a mantener comunicación sobre ese tema.
Defiende su actuación
La mandataria recordó que hizo pública la revocación de su visa desde el momento en que ocurrió y negó que ello implique la comisión de algún delito.
“Cuando me revocaron la visa fui honesta. Yo salí a informarlo y lo publiqué en mis redes sociales”, expresó.
Además, consideró que vincular la pérdida de la visa con actividades ilícitas forma parte de una estrategia política.
“Es una narrativa impulsada por la oposición.”
Next Energy no estaba en negociación, asegura
Respecto a la reunión con Jaime Bonilla, Marina del Pilar sostuvo que nunca estuvo dispuesta a retirar las denuncias relacionadas con el contrato de Next Energy, firmado durante la administración anterior.
Explicó que desde el inicio dejó claro que el proceso judicial debía continuar porque el objetivo de su gobierno es cancelar el contrato.
“No hay nada personal. Lo único que busco es que se cancele ese contrato para proteger los recursos de las y los bajacalifornianos”, afirmó.
Recordó que el contrato representa un compromiso económico cercano a 40 mil millones de pesos, por lo que insistió en que corresponde a los tribunales resolver el caso.
Reconoce llamadas con supuestos intermediarios
Marina del Pilar confirmó que, tras la reunión con Bonilla, sostuvo alrededor de cuatro llamadas telefónicas con personas que le fueron presentadas como intermediarios con vínculos en agencias estadounidenses.
Sin embargo, aseguró que desde un principio tuvo dudas sobre esos contactos y buscó asesorarse antes de continuar con cualquier gestión.
“Sí me pareció sospechoso. Por eso mismo busqué asesoría para entender quiénes eran esas personas y cuál era realmente la situación”, señaló.
Antecedentes
La confrontación entre Marina del Pilar Ávila y Jaime Bonilla se intensificó durante 2026 tras la difusión de audios en los que la gobernadora conversa sobre la posibilidad de recuperar su visa estadounidense. Posteriormente, la mandataria presentó denuncias al sostener que las grabaciones formaron parte de una estrategia para perjudicarla políticamente.
El conflicto ocurre en un contexto marcado por los litigios derivados del contrato de Next Energy, impulsado durante el gobierno de Bonilla y cuya cancelación ha sido uno de los principales objetivos de la actual administración estatal.
