A una semana de haberse consumado en el Congreso del Estado las modificaciones a la Constitución Política del Estado de Baja California con la cual el próximo gobernador estará al frente del Ejecutivo cinco años y no dos, como se contemplaba antes de los comicios, el Partido Acción Nacional no tiene una sola prueba en contra de los legisladores que participaron en su aprobación.

El secretario general del PAN nacional, Héctor Larios Córdova, reconoció en rueda de prensa que no existen más que dichos y rumores sobre el intercambio de dinero, futuras posiciones o puestos políticos; nada que pueda constituir un delito o falta qué sancionar. Pese a ello aseguró: “estamos convencidos de la expulsión el partido de los siete diputados”, si antes ellos no renuncian.

En rueda de prensa desde Mexicali, dijo que la reforma aprobada por el Congreso de Baja California se va a tumbar en la Corte mediante una acción de inconstitucionalidad, por tratarse de un grave atentado a la democracia.

“Estamos convencidos que esta es una ley, una reforma que se puede tumbar, que la vamos a tumbar en la Corte. Ya por unanimidad, la Corte en septiembre de 2006, estableció que es inconstitucional modificar el periodo de encargo de una autoridad, en este caso, alargarlo, después de que está electa, porque el elector tiene derecho de conocer con precisión el periodo para el cual se elige”, explicó.

Acompañado por el dirigente estatal, José Luis Ovando, Larios Córdova confirmó que tanto el dirigente estatal y los municipales de Acción Nacional, aquellos a quienes los diputados desacataron al votar por la reforma propuesta por la bancada de MORENA para beneficiar a Jaime Bonilla Valdez, seguirán al frente del partido hasta que se resuelva la crisis generada por esta disidencia, pese a que no avizoraron lo que pasaría ni supieron como detenerlo.

Desde el pasado jueves la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del Consejo Nacional inició el proceso de expulsión del partido de los siete diputados que aprobaron la reforma, así como de la alcaldesa de Playas de Rosarito, Mirna Rincón, y del síndico Miguel Ángel Vila Ruiz, quienes también avalaron la reforma.

“El PAN tiene sus métodos, es un juicio, como todo juicio tienen derecho de defensa, de ser escuchados. Y una vez que se desahogue todo esto, el jurado que es la Comisión de Orden seguramente dictaminará la expulsión”, dijo el Secretario General del PAN.

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