• Señala acciones en beneficio de los bajacalifornianos.

  • Se trata de acciones en diversas materias así como de seguridad pública.

  • Diversos líderes manifiestan su apoyo a la gestión de la legisladora bajacaliforniana.

Ciudad de México.– La senadora por Baja California, Gina Andrea Cruz Blackledge, presentó su Tercer Informe de Actividades Legislativas, en la modalidad virtual, que en el último año de su gestión trataron en materia de Economía, Baja California, Salud, Relaciones Exteriores y Seguridad, así como testimoniales de dirigentes empresariales y compañeros de bancada.

El video del informe de labores de la también presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, donde se presenta una parte de su labor legislativa, y que se puede observar desde su plataforma de Facebook.

Gina Cruz presentó una iniciativa para reformar la ley del IVA para establecer por ley, la disminución al 8 %, y no sea por decreto presidencial, con el fin de contrarrestar los efectos negativos de su homologación en las regiones fronterizas.

También propuso una reforma a la ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), para que sean deducibles al 100% por los contribuyentes los consumos en restaurantes los pagos de colegiaturas de cualquier nivel educativo y cualquier tipo de gasto médico quitando los candados referentes al medio de pago capacidad financiera.

Cabe destacar que con esa reforma sería posible deducir gastos asociados al COVID-19 como lo son cubre bocas tanques de oxígeno gel antibacterial.

Gina Cruz presentó una Reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con el objetivo de modificar el impuesto con el que actualmente se graba la cerveza artesanal así como para crear un apartado tributario exclusivo para el vino de mesa y fortalecer fomentar y desarrollar tanto la industria cervecera y vinícola bajacaliforniana y nacional.

Además, presentó un punto de acuerdo para que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla deje de obstaculizar a los medios de comunicación limitando la libertad de expresión y ocultando información sobre la pandemia del COVID-19.

Asimismo exhortó al gobernador del Estado para que no invada facultades para suplir a alcaldes en su encargo o en licencia como lo hizo con la reforma del artículo 42 de la ley del régimen municipal de Baja California.

El Covid-19 ha expuesto lo frágil y lastimado que se encuentra nuestro sistema de salud y como el actual Gobierno en lugar de fortalecerlo lo debilita por lo que la senadora Gina Cruz propuso varios puntos de acuerdo.

Entre estos destacan el reconocimiento del personal de salud como la primera línea de batalla contra el COVID-19 a pesar de contar con equipos de protección de mala calidad de insuficientes con condiciones inseguras que ponen en riesgo su salud y la de sus familias.

Y a pesar de dichas limitantes continúan salvando vidas dicho reconocimiento se debe traducir en acciones que los ayuden y no sólo en discursos por lo que la senadora Gina Cruz propuso que el personal de salud goce de atención de salud prioritaria incluyendo la aplicación de vacunas el paso gratuito por carreteras puentes y vías de peaje acceso gratuito al transporte público entre otros.

De igual forma exhorto al gobernador de Baja California y el secretario de salud de la entidad a respetar la libertad de expresión del personal de las instituciones de salud así como a respetar el principio de máxima publicidad para garantizar el pleno acceso a la información sobre la situación de la pandemia en la entidad.

Asimismo en apoyo a las corporaciones policiacas exhorto por medio del Senado de la República a los ayuntamientos de Baja California para que revisen y modifiquen sus convenios con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e instituciones del sector salud para que el COVID-19 sea considerado como riesgo de trabajo para los policías se garantice su digna atención médica y el pago del 100% de su salario.

Presentó un exhorto para la conformación de una comisión mixta del Congreso de la Unión junto con funcionarios de la administración pública federal y con sus contrapartes estadounidenses con el objetivo de dar seguimiento al proceso de adquisición de vacunas así como al desarrollo de cadenas de suministro relacionadas ya que México no cuenta con un plan consistente estructurado y detallado contra el COVID-19.

También fue inicialista de un punto de acuerdo para que se garanticen los derechos laborales del personal local en los consulados de México en Estados Unidos.

La seguridad es un tema prioritario, dijo, por ello propuso reformar el Artículo 123 constitucional para eliminar la última parte del párrafo segundo para que los agentes del Ministerio público peritos y miembros de instituciones policiales federales estatales y municipales puedan ser reinstalados cuando exista una resolución jurisdiccional favorable después de una separación o baja injustificada.

Exhortó al Ejecutivo federal junto con los gobiernos estatal y municipales de Baja California, a que pongan en marcha una estrategia de seguridad para el estado específicamente en Mexicali y Tijuana donde la inseguridad lamentablemente se ha incrementado al grado que el consulado de Estados Unidos en Tijuana ha emitido diversas alertas de seguridad en dichas ciudades.

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