MEXICALI. El dirigente estatal del PRI, Álvaro Aldrete Gruel, calificó como inevitable la politización del caso de presunta extorsión en Bienestar Social Municipal (BISOM), donde un empleado realizó transferencias bancarias irregulares. Aldrete Gruel instó a que el caso sea judicializado y aseguró que el partido estará atento al desarrollo de las investigaciones. “La renuncia de José Ramón a la dirección de Bienestar no es generosa ni responsable, como lo expresó el síndico; responsable será cuando se regrese el dinero”, afirmó.
Por su parte, Joel Blas Ramos, abogado del PRI, recordó antecedentes de José Ramón durante su etapa como regidor, cuando presuntamente entregó apoyos sociales a sus asesores y familiares. Blas Ramos destacó que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) determinó que estas acciones constituían una falta administrativa grave por abuso de funciones, una conclusión respaldada por la sindicatura. Sin embargo, criticó que el síndico Óscar Vega Marín no haya remitido el caso a la Fiscalía, a pesar de tener las atribuciones para hacerlo.
El abogado también señaló que buscarán imputar el delito de falsedad de declaraciones a José Ramón, quien habría declarado desconocer a quién se entregaron los apoyos sociales, lo que, según Blas Ramos, constituye una burla a la autoridad. Además, anunció que promoverán un amparo para acceder a la carpeta de investigación, la cual, aseguró, ha estado congelada durante dos años. “La pena por falsedad en declaraciones puede alcanzar hasta 10 años de prisión”, concluyó.
Por último, el PRI dijo que el caso refleja la creciente presión política y legal en torno a BISOM exigigiendo acciones concretas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos.
PRI EXIGE JUDICIALIZACIÓN DEL CASO BISOM Y CUESTIONA MANEJO DE INVESTIGACIONES
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