Organizaciones agrícolas reconocieron las gestiones de la administración estatal, mientras otros productores mantienen críticas por la distribución de recursos y exigen respuestas a la crisis del Valle de Mexicali
MEXICALI.- Representantes de organizaciones y sistemas producto del campo bajacaliforniano expresaron su respaldo a las gestiones realizadas por el Gobierno del Estado para atender la problemática que enfrenta el sector agrícola, aunque el encuentro ocurre en medio de protestas y reclamos de otros productores por la distribución de los apoyos.
La reunión fue encabezada por el secretario general de Gobierno, Juan José Pon Méndez, y la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Mónica Vargas Núñez, quienes dialogaron con representantes de los sistemas producto Dátil, Trigo y Cítricos, así como de ADURC, AMPIA, AMILPA, engordadores de ganado y el Congreso Agrario Permanente de Baja California.
También participaron productores de trigo, maíz y algodón, quienes reconocieron las gestiones de la administración estatal y señalaron que, aunque los apoyos resultan insuficientes frente a las condiciones que enfrenta el campo, existe disposición para continuar trabajando con el Gobierno del Estado.



De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, uno de los temas centrales fue la dispersión de recursos pendientes. El Gobierno estatal atribuyó parte de las dificultades para avanzar en los trámites a los bloqueos registrados en instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
La problemática, sin embargo, se arrastra desde semanas atrás.
El pasado 17 de agosto, productores del Valle de Mexicali bloquearon las instalaciones federales de Agricultura, la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Agraria. En aquella protesta, Horacio Gómez Carranza, presidente del Consejo Estatal de Productores de Trigo, señaló que existían adeudos por alrededor de 125 millones de pesos correspondientes a productores de trigo cristalino, trigo panificable y maíz, incluidos recursos pendientes desde el ciclo agrícola 2022.
Tras las movilizaciones, el Gobierno de Baja California anunció un apoyo de mil 500 pesos por hectárea de trigo cristalino, mediante el Programa Emergente para el Ingreso del Trigo Cristalino 2026. El esquema contempla beneficiar a más de mil 100 productores y, a diferencia de ejercicios anteriores, el recurso se calcula con base en la superficie sembrada y no en el volumen obtenido durante la cosecha.
El apoyo representa un incremento frente a los 200 pesos por hectárea otorgados anteriormente, pero los propios productores han señalado que el recurso es insuficiente ante los bajos rendimientos, los precios internacionales y el incremento en los costos de producción.
Además, este jueves se presentó un nuevo episodio de inconformidad. Productores encabezados por Ricardo Muñoz acudieron al Congreso de Baja California para cuestionar la manera en que se están distribuyendo los apoyos y solicitaron la renuncia de Mónica Vargas.
Muñoz sostuvo que existe una bolsa de 34 millones de pesos destinada al trigo cristalino y cuestionó los cambios en las reglas de operación respecto al esquema inicialmente planteado. También señaló que, de acuerdo con documentación oficial, la superficie registrada de trigo cristalino en el Valle de Mexicali asciende a 18 mil 310 hectáreas.
El contraste entre ambas posiciones refleja la complejidad de la situación que enfrenta el campo bajacaliforniano: mientras algunas organizaciones reconocen los acuerdos alcanzados con la administración estatal y consideran que los recursos representan un alivio, otros productores mantienen su exigencia de mayores apoyos y cuestionan la forma en que se están distribuyendo.
Durante la reunión de este jueves, el Gobierno del Estado reiteró que continuará trabajando con las organizaciones agrícolas para destrabar los procesos administrativos y avanzar en la entrega de los recursos pendientes una vez que las condiciones operativas permitan normalizar las actividades.
El campo del Valle de Mexicali enfrenta así una presión que combina bajos rendimientos derivados de condiciones climáticas adversas, costos de producción, problemas de comercialización y precios internacionales, factores que han incrementado la demanda de apoyos públicos por parte de los productores.
En febrero pasado, la representación federal de Agricultura informó que se habían pagado más de 230 millones de pesos a productores de trigo panificable del Valle de Mexicali correspondientes a los ciclos otoño-invierno 2023-2024 y 2024-2025, después de que los pagos comenzaran a reactivarse desde diciembre de 2025.
Con los nuevos acuerdos y las protestas que continúan, el reto para las autoridades será no sólo concretar la dispersión de los recursos anunciados, sino atender las diferencias entre las organizaciones y garantizar que los apoyos lleguen a los productores que enfrentan las mayores afectaciones.
















