MEXICALI. Una residencia de más de un millón de dólares en La Jolla, California, volvió a colocar en el centro de la polémica al director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm), Armando Carrazco López, tras una investigación publicada por Los Ángeles Press y firmada por la periodista Guadalupe Lizárraga. Este reportaje se suma a las publicaciones iniciales hechas por Brújula News que destaparon serias dudas sobre el origen del recurso.
El reportaje documenta que el inmueble, adquirido en octubre de 2024, está ligado a la empresa JACM LTD Liability Co LLC, donde figuran como administradores el propio funcionario y su esposa. La operación incluyó un crédito hipotecario por más de medio millón de dólares, lo que contrasta con la información pública disponible sobre sus ingresos.
Pero el señalamiento no es aislado. Días antes, el medio Brújula News ya había advertido inconsistencias en la situación patrimonial del titular de la Cespm, señalando falta de claridad en sus declaraciones y un nivel de vida que no empata con lo reportado oficialmente.
Ambas publicaciones coinciden en un punto clave: las cifras simplemente no cuadran.
Mientras los registros oficiales muestran percepciones que no explican una inversión de este nivel en Estados Unidos, la estructura utilizada para la compra —a través de una empresa en el extranjero— añade otra capa de opacidad que levanta sospechas sobre quiénes son realmente los beneficiarios finales.
La respuesta del funcionario tampoco ha disipado las dudas. Carrazco López aseguró que la propiedad pertenece a su familia y que está a nombre de su esposa, ciudadana estadounidense, además de negar el uso de recursos públicos. Sin embargo, no ha logrado aclarar de manera contundente el origen de los recursos ni las inconsistencias señaladas.
El caso expone algo más profundo que una sola propiedad: la fragilidad de los mecanismos de transparencia y la facilidad con la que el patrimonio de servidores públicos puede moverse fuera del país sin una explicación clara.
Hoy, más que una aclaración, lo que existe es una acumulación de preguntas sin respuesta por parte del Ejecutivo estatal.
