Desde su domicilio en Ensenada, donde enfrenta el proceso bajo prisión domiciliaria, el exgobernador de Baja California habló con la periodista Carmen Aristegui y aseguró que detectó inconsistencias en el volumen de combustible que se pretendía importar y que buscó vender sus acciones de Ingemar
ENSENADA.- A un día de haber llegado a su domicilio en Ensenada para continuar bajo prisión domiciliaria el proceso penal que enfrenta por presunta delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, negó haber coordinado una red de huachicol fiscal y aseguró que su participación en la empresa Ingemar se limitó principalmente a su calidad de accionista y miembro del Consejo de Administración.
En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, Ruffo ofreció una extensa explicación sobre su relación con Ingemar, empresa señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) dentro de la investigación por presunto contrabando de combustibles.
El exmandatario sostuvo que nunca participó directamente en la operación cotidiana de la compañía y que las gestiones relacionadas con la importación de hidrocarburos estaban a cargo de José Merino Valdés Cuervo y de la estructura administrativa de la empresa.
La FGR, sin embargo, sostiene una hipótesis distinta. De acuerdo con información que ha trascendido de la investigación, Ingemar aparece como una pieza central de la estructura investigada y Ruffo ha sido señalado por la Fiscalía como parte de la organización. El exgobernador niega esa imputación.
“Siempre eran 10 mil litros”
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la explicación de Ruffo Appel sobre los volúmenes de combustible asentados en los documentos de importación.
Según su relato, las operaciones de Ingemar con la empresa comercializadora Crismon Hidrocarburos y Derivados comenzaron después de que obtuvieron los permisos correspondientes y consistían en elaborar los pedimentos para importar combustible.
Ruffo aseguró que empezó a detectar algo que le resultaba extraño: se solicitaban permisos para importar 10 mil litros de combustible, mientras que los vehículos utilizados para transportarlo tenían capacidades considerablemente mayores.
Primero, dijo, se utilizaron camiones con capacidad aproximada de 30 mil a 40 mil litros. Posteriormente comenzaron a utilizarse ferrotanques con capacidades de alrededor de 110 mil a 112 mil litros.
“Fue siempre 10 mil como si fuera un asunto sistemático”, afirmó durante la entrevista.
Quien fuera el primer gobernador panista de Baja California, relató que preguntó a su socio José Merino Valdés Cuervo por qué se utilizaban ferrotanques tan grandes para transportar cantidades mucho menores. Según su versión, la explicación que recibió fue que Crismon había contratado alrededor de 150 ferrotanques con Kansas City Southern por cinco años y que debían utilizarse aunque solamente llevaran 10 mil litros.
La situación, reconoció, le generó dudas y dijo que, ante las inconsistencias, esperaba que las autoridades aduaneras detectaran cualquier discrepancia entre la documentación y el contenido real de los ferrotanques.
De acuerdo con investigaciones periodísticas previas basadas en documentos de la FGR, una de las hipótesis centrales del caso es precisamente que algunos cargamentos fueron declarados por un volumen menor al que realmente transportaban.
Asegura que intentó vender sus acciones
En la entrevista Ruffo afirmó que las dudas sobre las operaciones comenzaron a incomodarlo desde 2024 y que llegó a plantear la posibilidad de vender sus acciones de Ingemar para dejar de formar parte de la compañía.
Sin embargo, dijo que las reglas societarias y el derecho de preferencia de los demás accionistas impidieron concretar la operación.
“Yo ahí empecé a decir: oigan, yo vendo mis acciones. No estoy tranquilo aquí”, relató.
El exgobernador insistió en que su participación no estaba relacionada con la operación diaria de importación, transporte o comercialización del combustible.
La versión de Ruffo coincide con declaraciones anteriores en las que ha sostenido que Ingemar funcionaba como intermediaria para realizar trámites de importación y que no era la empresa encargada de comprar, transportar o comercializar directamente el combustible.
Cuestiona que lo señalen como “coordinador”
Durante la entrevista, Carmen Aristegui cuestionó a Ruffo sobre el señalamiento de la Fiscalía de que habría fungido como coordinador de la operación.
El exgobernador rechazó esa versión y afirmó que su nombre aparece en la investigación principalmente porque la Fiscalía estaría tratando de establecer su relación con las diferentes partes de la cadena.
Y sostuvo: “Yo no aparezco en ningún papel, ninguna gestión, porque yo nunca gestioné nada”.
En cambio, Ruffo afirmó que José Merino Valdés Cuervo era quien se encargaba de la parte operativa y de las gestiones necesarias para realizar las importaciones, mientras que él participaba como accionista y en algunas funciones del Consejo de Administración.
La FGR, por su parte, ha señalado que la investigación encontró elementos para vincular a Ruffo con la estructura empresarial investigada. En julio pasado fue vinculado a proceso junto con otros acusados.
También cuestiona el origen del combustible
Otro de los puntos que llamó la atención durante la entrevista fue la referencia a la refinería Deer Park, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Ruffo aseguró que, al revisar documentación de la investigación mientras permanecía recluido en el penal del Altiplano, encontró referencias a operaciones relacionadas con Deer Park.
“No me cabe en la cabeza cómo pudiera darse una cosa así”, expresó al referirse a la posibilidad de que combustible procedente de una instalación propiedad de Pemex estuviera relacionado con las operaciones investigadas.
“No sé exactamente de qué me acusan”
Uno de los cuestionamientos que Ruffo planteó durante la entrevista fue que, desde su perspectiva, no tiene claridad sobre cuál es la conducta específica que la Fiscalía pretende atribuirle más allá del delito de delincuencia organizada.
Aristegui le preguntó si la investigación se refiere específicamente a declarar un volumen menor de combustible del que realmente ingresaba al país o a introducir un producto distinto al declarado.
Ruffo respondió que, por la información que conoce del expediente, la acusación se concentra en demostrar que él habría coordinado la operación de importación, algo que niega.
“Yo no tuve que ver nada con la operación”, afirmó.
El proceso judicial, sin embargo, continúa abierto. La prisión domiciliaria concedida a Ruffo no significa una exoneración ni modifica el fondo de las acusaciones. La FGR confirmó que el proceso continuará bajo esa medida cautelar.
De regreso en Ensenada
Ruffo llegó la mañana del lunes 28 de septiembre a su domicilio en Ensenada, después de permanecer recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano.
El traslado ocurrió después de que un juez modificara la medida cautelar y determinara que el proceso continuará bajo prisión domiciliaria.
El cambio de medida cautelar no modifica su condición jurídica de imputado ni detiene la investigación.
Desde su casa en Ensenada, el exgobernador aseguró que enfrentará el proceso y que espera que durante el desahogo de las pruebas se determine cuál fue realmente su participación en las operaciones investigadas.
Mientras tanto, la Fiscalía deberá acreditar ante el órgano jurisdiccional los hechos que atribuye a Ruffo y al resto de los involucrados, en un caso que forma parte de una investigación federal de mayor alcance sobre el denominado huachicol fiscal.
