MEXICALI. En Baja California, donde la dinámica migratoria es parte del día a día, una nueva propuesta en el Congreso busca cerrar la puerta a la impunidad en casos de violencia contra mujeres.
La diputada Teresita Ruiz Mendoza presentó una iniciativa para que los extranjeros que sean sentenciados por delitos como violencia familiar, abuso sexual, violación o intento de feminicidio no solo enfrenten la justicia penal, sino también consecuencias en su estatus migratorio.
La propuesta plantea que, en cuanto exista una sentencia condenatoria, los jueces estén obligados a notificar de inmediato al Instituto Nacional de Migración (INM), enviar copia certificada del fallo y colaborar con las autoridades federales en el seguimiento del caso.
En pocas palabras: que la condena no se quede solo en el papel y tenga efectos reales también fuera del ámbito penal.
“No podemos permitir que quienes atentan contra la vida y la dignidad de las mujeres encuentren refugio en nuestro estado”, sostuvo la legisladora.
Aunque la expulsión de extranjeros es una facultad exclusiva del gobierno federal, la iniciativa busca que desde lo local se active ese proceso, obligando a que las autoridades migratorias revisen cada caso.
El tema no es menor. En un estado fronterizo como Baja California, donde el flujo de personas es constante, la coordinación entre instancias locales y federales ha sido históricamente un punto débil, lo que en algunos casos ha permitido que agresores evadan consecuencias más allá de lo penal.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, donde será analizada antes de avanzar en el proceso legislativo.
