MEXICALI. En un contexto marcado por el escrutinio público y cuestionamientos a nivel nacional sobre el costo operativo del Congreso del Estado de Baja California —señalado recientemente como uno de los más onerosos del país—, integrantes de la XXV Legislatura aprobaron por unanimidad una reducción de más de 52 millones de pesos a su Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2026.
El ajuste, por un monto de 52 millones 648 mil 055.99 pesos, fue respaldado por todas las fuerzas políticas y representa un intento por responder a las críticas surgidas tras la difusión de análisis comparativos que evidenciaron el elevado gasto legislativo en la entidad frente a otros congresos estatales.
Aunque la normativa conocida como “Plan B” establece que este tipo de recortes deberán implementarse de forma obligatoria hasta 2027 —incluyendo un tope de 0.7% del presupuesto estatal—, Baja California se coloca entre las pocas entidades que han decidido anticipar estas medidas de austeridad.
La presidenta del Congreso local, Michel Sánchez Allende, destacó que el acuerdo refleja la capacidad de consenso en un órgano plural, subrayando que, pese a las diferencias ideológicas, las diputaciones coincidieron en la necesidad de fortalecer la disciplina en el uso de los recursos públicos.
De acuerdo con lo aprobado, los ahorros se derivan de recortes en rubros administrativos como alimentación del personal, adquisición de vehículos, servicios de telefonía y comunicación, así como insumos generales, entre otros conceptos.
En la explicación oficial sobre esta medida, se precisó que estos recursos forman parte del presupuesto estatal, por lo que corresponderá a la Secretaría de Hacienda estatal definir su eventual reasignación hacia sectores prioritarios como salud, educación o apoyo a municipios, proceso que deberá analizarse en la Comisión de Hacienda.
Este ajuste es considerado por los propios legisladores como un primer paso en una ruta más amplia de austeridad y revisión del gasto público, en medio de una creciente exigencia ciudadana por mayor transparencia y eficiencia en el uso de los recursos.
