Mexicali, Baja California.- Como un acto inmoral y que debe investigarse en el plano legal, el diputado Diego Echevarría Ibarra calificó la auto asignación de agentes estatales para seguridad particular en beneficio de ex funcionarios y sus familias, la cual debe de investigarse y ser sancionada en caso de encontrar irregularidades.

Ante el Pleno Legislativo, el representante popular emanado del Partido Acción Nacional emitió y fue aprobado por la mayoría de los legisladores el punto de acuerdo dirigido a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, para que instruya y dé seguimiento a las investigaciones a través de la Secretaría de Honestidad y de la Función Pública que encabeza Rosina del Villar Casas.

Además de la auto asignación de agentes para seguridad personal del ex secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, y Jesús Núñez Camacho, ex comisionado del Sistema Estatal Penitenciario, debe darse curso a investigar los hechos de una denuncia por presunta corrupción al interior de las penitenciarías del Estado, añadió el Diputado.

Echevarría Ibarra puntualizó que la denuncia fue interpuesta por la organización Ciudadanos por la Dignificación del Sistema Estatal Penitenciario quienes reclaman actos de corrupción como el cobro para entrega de bases laborales, solicitud de cuotas a los familiares para beneficios de los internos o asignar comodidades, incluso cobro para acceder a la libertad a través del indulto o la preliberación.

También puntualizó que la asignación de tres agentes para Rodríguez Lozano y a Núñez Camacho, además de dos agentes para sus familias por turno, es injustificada.

Además se auto asignaron directamente tres días antes de terminar la anterior administración, dos automóviles oficiales con recursos públicos para mantenimiento y gasolina para cada uno de ellos.

El legislador del PAN, criticó que los ex funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla hayan justificado el gasto al sentir riesgo de vida por presos vinculados a organizaciones criminales del narcotráfico o por terrorismo, cuando el sistema estatal penitenciario se aprobó hace apenas 18 meses y Núñez Camacho asumió el cargo durante únicamente 6 meses, pretendiendo una protección mínima de un año.

“Esta acción es un evidente abuso del poder que implica desvío de recursos públicos, además de constituir un acto inmoral por donde se vea, ante las necesidades que existen en materia penitenciaria y de seguridad pública” remarcó el legislador.

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