MEXICALI. Ante el reciente hallazgo de al menos diez fosas clandestinas en el Valle de Mexicali, con al menos veinte cuerpos localizados, la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero lanzó un llamado directo a las autoridades estatales para que dejen de limitarse a discursos y actúen frente a la crisis de desapariciones que enfrenta Baja California.
Durante un posicionamiento presentado ante el Pleno del Congreso del Estado, la legisladora reconoció la labor de los colectivos de madres buscadoras, quienes —dijo— han sostenido una búsqueda marcada por el dolor, la esperanza y la exigencia de verdad, supliendo en muchos casos la falta de acompañamiento institucional.
Corral Quintero señaló que el trabajo realizado por familiares y organizaciones civiles no sólo ha permitido la localización de restos humanos e indicios, sino que ha evitado que el silencio y la indiferencia borren las historias de quienes no han regresado a casa, subrayando que detrás de cada cifra hay personas y familias profundamente afectadas por la violencia.
La diputada advirtió que los datos sobre fosas clandestinas reflejan la dimensión real del problema en la entidad y no pueden seguir normalizándose. “No son números, son vidas truncadas y familias destrozadas”, enfatizó durante su intervención.
En este contexto, solicitó un minuto de silencio en memoria de las personas encontradas en fosas clandestinas, de quienes permanecen desaparecidas y como reconocimiento a las madres y familias que continúan buscando, muchas veces sin respaldo suficiente del Estado.
La legisladora sostuvo que los gestos simbólicos deben traducirse en acciones concretas y coordinadas, que incluyan políticas públicas eficaces, recursos suficientes, fortalecimiento de las labores de búsqueda mediante tecnología y capacitación, atención integral a víctimas indirectas, identificación forense oportuna y protección digna para las familias.
Finalmente, subrayó que la búsqueda de personas desaparecidas no puede recaer únicamente en los colectivos, ya que se trata de una responsabilidad constitucional del Estado, por lo que llamó a reafirmar el compromiso institucional con los derechos humanos, la dignidad humana y la exigencia de verdad, justicia y reparación para las familias de Baja California.
