MEXICALI. El estreno del modelo judicial con jueces y magistrados electos en las urnas ya tiene sus primeros críticos. Los diputados del PAN en Baja California —Diego Echevarría, Mayola Gaona y Alejandrina Corral— pusieron en duda la legitimidad del proceso y aseguraron que todo es parte de una estrategia para que el Ejecutivo tenga bajo control al Poder Judicial.
Los panistas advirtieron que la reforma judicial abrió la puerta a que perfiles cercanos al gobierno en turno se quedaran con los cargos. “Se destruyó el último equilibrio institucional que quedaba en el país”, reprocharon, acusando que la autonomía judicial fue sustituida por intereses políticos.
También se lanzaron contra el costo del proceso electoral: más de 7 mil millones de pesos en todo el país y alrededor de 300 millones en Baja California. Para ellos, ese dinero pudo usarse en atender las carencias de salud, seguridad y educación. “Es un insulto a las familias que enfrentan necesidades urgentes”, señalaron.
Aunque las críticas son fuertes, no todos piensan igual. Hay voces que defienden el nuevo modelo como un paso hacia la democracia, al darle a la ciudadanía la oportunidad de elegir directamente a quienes imparten justicia. Sin embargo, especialistas como Camilo Saavedra, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advierten que esta innovación no resuelve problemas de fondo como la falta de capacidades en los tribunales, la opacidad en las fiscalías o la desigualdad en el acceso a la justicia.
