MEXICALI.- La diputada federal por Baja California, Eva María Vásquez Hernández, presentó un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exhortar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar una investigación sobre los movimientos financieros, bancarios y patrimoniales de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
La legisladora explicó que la petición surge a partir de diversos señalamientos difundidos de manera pública sobre presuntas gestiones y contrataciones de asesorías legales en el extranjero. De acuerdo con información periodística citada en el exhorto, esos servicios podrían haber tenido un costo superior a los 300 mil dólares, por lo que consideró necesario esclarecer el origen de los recursos con los que presuntamente fueron cubiertos.
Vásquez Hernández señaló que, ante la relevancia de los señalamientos, corresponde a las autoridades competentes actuar con imparcialidad, transparencia y apego a la ley para brindar certeza a la ciudadanía y fortalecer la confianza en las instituciones.
La diputada sostuvo que toda duda relacionada con el patrimonio de quienes ocupan cargos públicos debe ser revisada por las instancias facultadas, sobre todo cuando los hechos podrían tener implicaciones en materia de rendición de cuentas, transparencia y combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera cuenta con atribuciones para recopilar, analizar e intercambiar información financiera con autoridades nacionales e internacionales cuando existan elementos que justifiquen una investigación.
El Punto de Acuerdo propone que la UIF realice un análisis exhaustivo de la información financiera y patrimonial de la titular del Ejecutivo estatal, solicite intercambio de información con organismos homólogos en el extranjero y, en caso de encontrar elementos suficientes, proceda conforme a las facultades que establece la legislación vigente.
“La ciudadanía merece respuestas claras y el Estado mexicano tiene la obligación de investigar cualquier hecho que pueda comprometer la legalidad, la transparencia y la confianza en las instituciones”, expresó la diputada federal Eva María Vásquez Hernández.
