MEXICALI. El Congreso del Estado aprobó de manera unánime sanciones de 2 a 6 años de prisión y multas económicas de hasta 100 días para las personas que utilicen uniformes, placas, identificaciones, vehículos, unidades o tecnologías de comunicación falsos o usurpados de las corporaciones de seguridad. El castigo es mayor si la persona implicada es o fue servidor público.
Lo anterior es el resultado de la reforma al artículo 319 del Código Penal de Baja California, que hace referencia a la usurpación de funciones, con el objetivo de castigar principalmente a los integrantes de grupos del crimen organizado, quienes suelen realizar este tipo de falsificaciones.
Además, si las personas detectadas cometiendo dicho delito son o fueron funcionarios públicos hasta un año después de finalizar su encargo, la sanción económica se incrementará hasta 300 días y se aplicará un tercio adicional en la pena de prisión.
La sanción también aplica para quien produzca, almacene, distribuya o utilice equipo utilizado para estos fines de manera incorrecta.
El diputado Juan Manuel Molina García fue el encargado de leer el contenido de la iniciativa, la cual fue presentada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda el pasado 6 de febrero de 2023, y analizada en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.
