MEXICALI,.— Con el objetivo de brindar mayor certeza jurídica a quienes adquieren vehículos de manera legal, la diputada de Morena María Teresa “Maythé” Méndez Vélez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Baja California para proteger a los compradores de buena fe cuyos automóviles resulten tener un reporte de robo que desconocían al momento de la compra.
La propuesta busca establecer como una excluyente de responsabilidad penal el hecho de que el vehículo haya sido importado a través de un agente aduanal autorizado, evitando que ciudadanos que cumplieron con los procedimientos legales sean tratados como responsables de un delito que no cometieron.
La legisladora explicó que el robo y comercialización ilegal de vehículos ha evolucionado con el uso de tecnologías que permiten falsificar documentos, lo que facilita que unidades con antecedentes ilícitos sean vendidas a personas que actúan de buena fe.
“La delincuencia dedicada al robo de vehículos es cada vez más sofisticada y hoy utiliza tecnología para falsificar documentos y engañar a personas que actúan de buena fe“, señaló.
Maythé Méndez indicó que en Baja California es frecuente que ciudadanos importen vehículos provenientes de Estados Unidos y realicen los trámites correspondientes ante las autoridades aduanales. Sin embargo, al momento de gestionar las placas estatales, algunos propietarios descubren que la unidad cuenta con un reporte de robo en el vecino país, pese a haber cumplido con el proceso de importación.
Ante esta situación, la iniciativa pretende evitar que estas personas enfrenten procesos penales cuando puedan acreditar que actuaron conforme a la ley y desconocían la condición jurídica del vehículo.
La reforma propone adicionar una fracción al Código Penal para reconocer como excluyente de responsabilidad penal la importación realizada mediante un agente aduanal autorizado, fortaleciendo así la protección jurídica de quienes siguieron los procedimientos establecidos por la autoridad.
La diputada sostuvo que corresponde a las instituciones distinguir entre quienes participan en actividades ilícitas y quienes fueron víctimas de un fraude.
“Esta reforma brinda certeza y evita que se criminalice a familias que solo buscan adquirir un patrimonio de manera legítima“, expresó.
De ser aprobada por el Congreso del Estado, la modificación buscaría ofrecer mayores garantías a los compradores de buena fe y evitar que enfrenten consecuencias penales derivadas de irregularidades que desconocían al momento de adquirir un vehículo.
