Mexicali, Baja California.- Los diputados del PAN presentaron una propuesta de reforma para que no se repitan las persecuciones, amenazas y extorsiones en el cobro del agua que denunciaron los empresarios e industriales por empresas como Fisamex, que avaló el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Lad denuncias y demandas de amparo por parte de empresarios y particulares, podrían generar que el Gobierno del Estado tenga que regresar más de mil 200 millones de pesos por cobros irregulares y que serían en perjuicio de las finanzas de la administración pública.
Por eso, los diputados de Acción Nacional, Alejandrina Corral, Amintha Briceño y Diego Echevarría Ibarra, presentaron la iniciativa de reforma a la Ley que Regula el Servicio de Agua Potable en Baja California.
La iniciativa proponer modificar el numeral 96 que actualmente permite que por una auditoría se pueda clausurar una empresa o industria como medida coactiva y represiva de cobro del agua, sin embargo sí debe de haber sanciones ante el incumplimiento, por ello se mantiene la medida de suspensión del servicio después que se adeuden por lo menos tres meses del servicio tratándose de usuarios no domésticos, al considerar que el agua es fundamental y se debe de pagar.
También se reforma la ley para que el trato sea igual entre usuarios domésticos y no domésticos y se puedan hacer cálculos de cobros por servicio de agua no enterados o no registrados de hasta 5 años anteriores y no de diez como estipula actualmente la ley, en perjuicio de estos últimos.
La propuesta surgió porque en marzo del año pasado, el ahora ex gobernador Jaime Bonilla contrató a la empresa Romafam S.A de C.V, conocida como Fisamex para realizar auditorías por supuestos adeudos en el servicio del agua, y durante el tiempo en función recaudó mil 812 millones de pesos, según el último reporte del 29 de septiembre del 2021.
La decisión del entonces Jefe del Ejecutivo causó una serie de denuncias penales, demandas y amparos ante tribunales federales en contra de la empresa y del propio Gobierno del Estado, por señalar presuntas amenazas, peculado y extorsión, al exigir los pagos amagando con suspender o clausurar el negocio.
Además la ley les permitía clausurar una empresa sin el derecho de defensa y presentación de pruebas, lo que generó incertidumbre en el estado de derecho y certeza jurídica, dejando al usuario en indefensión, todo eso en perjuicio de los bajacalifornianos.
La iniciativa de reforma fue presentada junto con Mario Osuna Jiménez, dirigente estatal del PAN, ante Oficialía de Partes del Poder Legislativo para su análisis y discusión, para que realmente exista un Estado legal, con certeza jurídica y atractivo para nuevas inversiones y desarrollo económico para toda la población.
