MEXICALI. La diputada Daylín García Ruvalcaba advirtió que el problema de las adicciones en Baja California requiere una atención urgente e integral, al considerar que se trata de una problemática que impacta tanto la salud pública como la seguridad.
Durante una intervención ante el Pleno del Congreso del Estado, la legisladora señaló que Baja California se encuentra por encima del promedio nacional en consumo de drogas y aseguró que más del 22 por ciento de las juventudes ha consumido o consume actualmente algún tipo de sustancia.
De acuerdo con la diputada, el consumo de metanfetaminas y opioides sintéticos, como el fentanilo, ha aumentado en la entidad, mientras que los centros de rehabilitación operan con altos niveles de ocupación y muchas familias enfrentan dificultades para acceder a espacios públicos gratuitos de atención.
García Ruvalcaba sostuvo que existe una relación entre las adicciones y problemáticas como la violencia familiar, los delitos patrimoniales, la deserción escolar y el deterioro del tejido social, por lo que consideró que las estrategias de prevención también deben formar parte de las políticas de seguridad pública.
Como parte de un exhorto aprobado por el Congreso, se solicitó al secretario de Salud de Baja California, Adrián Medina Marillas, presentar un informe sobre los programas de prevención y atención de adicciones que actualmente operan en la entidad.
La petición incluye información relacionada con presupuesto asignado y ejercido, cobertura territorial, espacios disponibles para la atención de personas con adicciones, número de beneficiarios e indicadores de evaluación de resultados.
Asimismo, se pidió al secretario de Hacienda estatal, José Andrés Pulido Saavedra, informar si el Presupuesto de Egresos 2026 contempla recursos específicamente destinados a la prevención y tratamiento de las adicciones.
El exhorto también plantea que el Gobierno del Estado impulse un plan integral de atención a las adicciones en coordinación con las áreas de Salud, Seguridad, Educación y el Instituto de Psiquiatría del Estado, además de fortalecer los centros públicos de tratamiento y los programas enfocados en salud mental.
Finalmente, se solicitó a los ayuntamientos de Baja California coordinarse con las autoridades de salud para implementar acciones de prevención temprana en escuelas, espacios comunitarios y colonias con alta incidencia de consumo de sustancias.
