MEXICALI. El diputado Jaime Cantón Rocha presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Baja California con el propósito de crear el delito de corrupción inmobiliaria, con el fin de frenar prácticas que afectan el patrimonio de las familias, vulneran el derecho a una vivienda digna y fomentan redes de colusión entre particulares y servidores públicos.
Plantea sanciones de hasta 20 años de prisión
Durante la exposición de motivos, el legislador explicó que este tipo de despojos no se cometen de manera aislada, sino que implican planeación y colaboración entre diversos actores.
“Para llevar a cabo un despojo, además de la ocupación material ilegal de la vivienda, se requiere de planeación; se requiere de la articulación de abogados, notarios, jueces y funcionarios públicos corruptos que facilitan, toleran y con ello preparan el despojo, quienes a lo largo del tiempo han quedado impunes”, expuso Cantón Rocha.
La propuesta incorpora, por primera vez en el estado, la figura de corrupción inmobiliaria para ser considerada y castigada como delito grave, con penas que pueden ir de 10 a 20 años de prisión para los funcionarios que, por acción u omisión, permitan edificaciones ilegales o construcciones sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley.
Asimismo, las sanciones se aplicarán también a los particulares que participen en estas obras o se beneficien de ellas.
Duplicarían penas en casos que afecten viviendas
El documento establece que cuando las conductas de corrupción inmobiliaria afecten el derecho de propiedad sobre una vivienda, las penas ordinarias de delitos vinculados —como fraude, despojo, falsificación de documentos, abuso de autoridad, cohecho o tráfico de influencias— deberán duplicarse, dada la gravedad social que implica dejar a una persona sin su hogar.
“En Baja California, la corrupción inmobiliaria dejará de ser tolerada”
Cantón Rocha subrayó que esta propuesta responde a fenómenos documentados en México y Baja California, como el denominado “cártel del despojo”, y que busca enviar un mensaje contundente:
“En Baja California la corrupción inmobiliaria dejará de ser una práctica tolerada y pasará a ser un delito grave. Con esta reforma protegemos el patrimonio de las y los bajacalifornianos, cerramos espacios a la impunidad y fortalecemos el derecho humano a una vivienda segura y legal”.
El legislador añadió que el fortalecimiento normativo es clave para combatir la impunidad. Por ello, destacó la necesidad de sistemas de control y procuración de justicia eficientes, capaces de investigar, sustanciar y sancionar faltas administrativas y delitos de corrupción, evitando que la debilidad institucional incentive este tipo de conductas.
