MEXICALI. La diputada local del PAN, Alejandrina Corral Quintero, presentó una iniciativa para reformar la Constitución de Baja California con la intención de dejar más claras las responsabilidades en la conducción de la política de seguridad pública y establecer de forma explícita que la persona titular del Poder Ejecutivo estatal sea responsable directa de esa tarea.
La propuesta plantea eliminar ambigüedades en la asignación de responsabilidades y fortalecer los mecanismos de control democrático, bajo el argumento de que la seguridad pública es una función esencial del Estado y una condición necesaria para garantizar derechos, convivencia social y desarrollo económico.
De acuerdo con el planteamiento de la legisladora, la reforma obligaría al Ejecutivo estatal a formular y conducir la política de seguridad mediante un Programa Estatal con metas cuantificables, indicadores verificables y mecanismos de evaluación periódica, con el objetivo de consolidar un modelo de gestión basado en resultados.
Además, se propone que la persona titular del Ejecutivo comparezca ante el Congreso del Estado cada seis meses para informar sobre la evolución de los indicadores delictivos, el uso del presupuesto en materia de seguridad y las acciones implementadas. Con ello, se busca reforzar la supervisión legislativa y la rendición de cuentas.
La iniciativa también contempla la obligación de garantizar la coordinación con la Federación y los municipios, así como la aplicación de medidas extraordinarias cuando los índices delictivos superen de manera sostenida los parámetros establecidos en la planeación estatal.
Según lo expuesto por Alejandrina Corral Quintero, la reforma no modifica el equilibrio entre poderes ni invade competencias de otros niveles de gobierno, sino que pretende alinear la conducción estatal de la seguridad pública con estándares de transparencia, gobernanza democrática y responsabilidad política.
El proyecto también plantea que el incumplimiento grave o sistemático de las obligaciones en materia de seguridad pública podría derivar en responsabilidades políticas conforme a lo establecido en la Constitución y la legislación aplicable.
