Mexicali. Ya no habrá pretexto. Este lunes fue instalado el Comité de Ética de la XXIV Legislatura de Baja California, mediante el cual habrá de observarse, documentarse y en su caso promoverse las sanciones correspondientes, a aquellos servidores públicos integrantes de este Poder, que incumplan con el Código de Ética vigente.

La instalación formal de este órgano estuvo a cargo de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Rocío Adame Muñoz, quien explicó que su propósito será el de vigilar y fomentar el cumplimiento de los valores y principios que promueven la actuación ética y responsable de las y los servidores públicos.

“Abarca  -el Código de Ética- a todos los trabajadores del Congreso del Estado, pero también a las diputadas y los diputados”, afirmó la legisladora local.

El cuadernillo que se le entregó a todos los trabajadores del Congreso local, previa capacitación, abarca desde los principios y valores del servidor público, hasta las reglas de integridad, atendiendo capítulos sobre la actuación pública, la ifnormación pública, las contrataciones públicas, licencias, permisos, autorización y concesiones, así como trámites y servicios, entre otros.

El Comité de Ética tiene fundamento en la Ley Orgánica y el Código de Ética del Poder Legislativo, la Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.

“Como servidoras y servidores públicos, el primer compromiso es desempeñarse dentro de los límites de la ley sin abusar de la autoridad, tenemos el compromiso institucional para evitar ser negligentes en el ejercicio de nuestra responsabilidad pública, el presente código de ética es además de un instrumento legal, que nos compromete para que en nuestro desempeño respetemos los derechos humanos y fortalezcamos la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas”, afirmó el administrador del Congreso del Estado, Luis Gallego Cortez, durante el evento desarrollado en la Sala Mujeres Forjadoras de Baja California, del recinto legislativo.

“Es un documento que contribuirá a fortalecer la labor que realizan las personas servidoras públicas del Poder Legislativo, ya que al igual que el gobierno estatal y federal, tenemos como eje principal el combate a la corrupción. Esta herramienta permitirá que el desempeño de sus funciones se realice con integridad y beneficiar en todo momento al pueblo de Baja California”, anotó la legisladora.

Rocío Adame Muñoz

Presidenta de la Junta de Coordinación Política

En el evento estuvo presente también la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Alejandra Ang Hernández, quien destacó la importancia de contar con este documento que rija la conducta de los integrantes de este Poder. 

Se trata, consideró de “un documento normativo que establece los principios y valores que nos guían principalmente para combatir la corrupción. Debemos rendir cuentas y buscar el bien común, por lo que promoveremos la cultura ética entre las y los servidores públicos del Poder Legislativo, con el apoyo de la Unidad de Contraloría de este Poder”.

Una vez aprobada la integración del Comité de Ética, quedó conformado de la siguiente forma: la Presidenta de la Junta de Coordinación Política, Rocío Adame Muñoz, Presidenta, el Titular de la Unidad de Contraloría Interna, Hugo César Amador Núñez, Secretario Técnico, y como integrantes, la diputada Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra María Ang Hernández, Director de Administración, Luis GallegoCortez y la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Laura Aidé Quiroga Hernández.

En el evento estuvieron presentes también las diputadas Dunnia Montserrat Murillo López, Daylín García Ruvalcaba y María Monserrat Rodríguez Lorenzo, así como del magistrado Jaime Vargas Flores, presidente del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California; el magistrado Carlos Rodolfo Montero Vázquez, presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; César Olguín Angulo, Consejero del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, así como representantes de la Secretaria de la Honestidad y la Función Pública del Estado, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales del Estado.

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