MEXICALI. En medio de las recientes declaraciones de su director general sobre el riesgo de quiebra financiera que enfrenta el instituto, así como de las protestas de derechohabientes por cirugías postergadas y retrasos en atención médica, un nuevo análisis ciudadano volvió a colocar bajo escrutinio el manejo financiero y administrativo de Issstecali.
El documento, elaborado por el Observatorio Ciudadano de Baja California (ObserBC), revisa estados financieros del organismo desde 2017 hasta marzo de 2026 y advierte que la viabilidad financiera del instituto continúa “presionada por el déficit operativo”, obligando a depender de transferencias del Gobierno del Estado para mantener su operación y cubrir prestaciones.
El contexto ocurre además luego de que PoderMX documentara recientemente inconformidades de derechohabientes que denunciaron retrasos en procedimientos quirúrgicos, falta de medicamentos y dificultades para acceder a servicios médicos especializados, situación que ha incrementado la presión pública sobre la institución.
Entre los principales señalamientos del análisis destaca el crecimiento del déficit actuarial. Según el documento, estudios actuariales elaborados en octubre de 2025 y referidos al cierre de 2024 estiman un déficit de más de 312 mil millones de pesos para la generación actual de derechohabientes.
El reporte también expone que durante 2025 Issstecali ingresó alrededor de 9 mil 496 millones de pesos por cuotas y aportaciones, mientras que el gasto en pensiones y jubilaciones superó los 13 mil millones de pesos.
De acuerdo con las tablas históricas incluidas en el análisis, el gasto en pensiones y jubilaciones ha crecido de manera sostenida durante los últimos años: pasó de 4 mil 598 millones en 2017 a más de 13 mil millones en 2025.
Otro de los puntos que ObserBC considera preocupantes es el nivel de pasivos a corto plazo. El análisis indica que al cierre de 2025 Issstecali reportó pasivos por 5 mil 757 millones de pesos, de los cuales prácticamente la totalidad correspondía a obligaciones de corto plazo.
Para marzo de 2026, el saldo de “Otros Pasivos a Corto Plazo” ascendía a más de 3 mil 402 millones de pesos, relacionados principalmente con convenios de financiamiento temporal celebrados con el Gobierno del Estado.
El observatorio cuestiona que no exista un desglose público detallado sobre esos financiamientos, incluyendo fechas, montos, tasas de interés, vencimientos y autorizaciones correspondientes.
En materia de compras y transparencia, el documento señala diferencias entre el gasto ejercido y las licitaciones publicadas en portales oficiales. Por ejemplo, durante 2025 Issstecali reportó compras de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio por aproximadamente 874 millones de pesos.
Sin embargo, el análisis identifica licitaciones visibles en transparencia por poco más de 252 millones de pesos.
Además, ObserBC cuestiona diferencias detectadas en las cifras relacionadas con ayudas sociales y prestaciones económicas de seguridad social. El reporte menciona que en 2025 se ejercieron más de 828 millones de pesos en ayudas sociales, aunque en documentos desglosados aparecen montos menores.
También se señala que parte importante de esos recursos fue registrada bajo el concepto “Prestación Económica de Seguridad Social”, por más de 639 millones de pesos, sin que —según el análisis— exista claridad suficiente sobre beneficiarios y criterios de asignación.
El documento también señala que Issstecali ha reutilizado prácticamente la misma introducción en sus cuentas públicas desde al menos 2015, pese al deterioro financiero y los cambios de administración registrados en ese periodo.
“En virtud de la situación financiera que atraviesa el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California…”, señala el texto institucional que, según ObserBC, ha sido repetido durante más de una década con mínimas modificaciones.
En esa introducción, Issstecali atribuye parte de la crisis financiera al aumento en la esperanza de vida, el crecimiento de pensionados y jubilados, así como a reformas legales que incrementaron prestaciones y redujeron años de cotización.
ObserBC sostiene que mantener prácticamente el mismo discurso institucional durante once años refleja falta de actualización en la rendición de cuentas y ausencia de explicaciones sobre el agravamiento financiero del organismo.
El documento incluye además cuestionamientos sobre licitaciones, creación de nuevos departamentos administrativos, crecimiento de pasivos, gasto operativo y estrategias para enfrentar la crisis del sistema de pensiones.
Hasta el momento, el análisis sostiene que varias de esas interrogantes han sido planteadas en ejercicios anteriores sin obtener respuesta pública.
