MEXICALI. La diputada panista María Yolanda Gaona presentó una iniciativa que busca incorporar al Código Penal de Baja California el delito de “abandono institucional”, una figura jurídica que pretende sancionar penalmente a funcionarios públicos que, por omisión o negligencia, incumplan con obligaciones esenciales como el pago de impuestos o la entrega de aportaciones laborales a instituciones como ISSSTECALI.
La propuesta surge como respuesta a una práctica que, aunque común, ha pasado desapercibida en términos penales: la retención de recursos a trabajadores sin que estos sean enterados a las autoridades correspondientes. “Es una forma de corrupción silenciosa, que afecta directamente el patrimonio de los empleados y que ha sido tolerada por años”, denunció Gaona.
La legisladora explicó que, en muchos casos, los gobiernos retienen impuestos o cuotas laborales, pero no los transfieren a las instancias correspondientes. Esto ha derivado en que trabajadores reciban requerimientos de la Secretaría de Hacienda por adeudos que no les corresponden.
“Cuando tú haces tu presupuesto anual, ya sabes que debes contemplar el pago de impuestos. Si no los enteras, estás incurriendo en una omisión grave. ¿Dónde queda ese dinero?”, cuestionó Gaona, al señalar que esta práctica se repite año con año sin consecuencias legales.
La iniciativa busca cerrar vacíos normativos que han permitido que funcionarios responsables de administrar recursos públicos evadan responsabilidades bajo el argumento de que no hubo dolo, sino simple omisión. “No basta con sanciones administrativas. Si hay daño al trabajador y al erario, debe haber consecuencias penales”, afirmó.
Gaona confió en que la propuesta será respaldada por otras fuerzas políticas, al tratarse de una medida que fortalece la rendición de cuentas y protege derechos laborales. “Esta figura también cubre esa parte de la opacidad por parte del administrador que rige esa dependencia”, concluyó.
