MEXICALI. El Ayuntamiento de Mexicali se ha negado a excentar de cobro por certificado médico a los detenidos por violencia doméstica, por lo que agentes del Escuadrón Violeta han tenido que pagar de su propia bolsa este trámite, para evitar que sean liberados los sospechosos.

El presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública Municipal, José Ángel Záizar Prado, consideró que esta negativa pone en evidencia una grave falta de coordinación entre los esfuerzos que realiza el Gobierno del Estado y la administración local, en el combate de uno de los delitos más preocupantes y comunes que se denuncian en Mexicali.

Han sido, comentó, diversas quejas ciudadanas las que han llegado al CCSPM que él encabeza, señalando la descoordinación que se presenta al momento en que los agentes estatales acuden a certificar al detenido, requisito indispensable para el proceso al que se le someterá posteriormente.

De acuerdo a lo establecido por la administración municipal, es el detenido quien debe pagar por su propia certificación, pero en muchos casos esto no sucede y tras su incapacidad económica y la falta de estrategias que generen certeza, no se cubre este derecho y en consecuencia, algunos agentes del Escuadrón Violeta han tenido que hacerse cargo de este pago, a fin de brindar proteción inmediata a las víctimas. De no solventarse dicho pago, el detenido no podría ser presentado ante el Ministerio Público.

Fue el 29 de junio del 2021 cuando la administración de Jaime Bonilla Valdez, recibió la alerta de violencia de género para Baja California. En ese entonces, el subsecretario de Migración y Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo que el Gobierno de la República, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tenía toda la disposición de generar políticas públicas para garantizar la protección de las mujeres y eliminar la impunidad.

Para atender este tipo de eventos, en marzo fue presentado por parte de la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el Escuadrón Violeta, cuyo propósito es atender denuncias sobre violencia contra la mujer en todo el estado. Tan solo en su primer mes de operación, esta instancia atendió más dse 400 casos.

 Precisó que el argumento del Ayuntamiento de Mexicali para negar la exención de cobro por este concepto, fue que, de hacerlo, las finanzas municipales se verían afectadas y que el cobro estaba contemplado en la Ley de Ingresos vigente, pese a que la petición se hizo desde diciembre pasado, precisamente para que fueran consideradas las modificaciones pertinentes con oportunidad al momento de su discusión, lo cual no se hizo.

Záizar Prado hizo un llamado para garantizar que los agentes de seguridad cuenten con las condiciones necesarias para desempeñar su trabajo con dignidad en defensa y protección de las víctimas de violencia.

Por ello, concluyó, “exhortamos a nuestras autoridades municipales y estatales a realizar esfuerzos extraordinarios para solucionar la problemática y proteger el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

 

“A casi dos años de que la Secretaría de Gobernación declaró la Alerta de Volencia de Género en Baja California, obligando a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno a tomar medidas emergentes y dirigir esfuerzos para erradicar la violencia en contra de la mujer, hasta el día de hoy no existe una coordinación entre las autoridades para articular de manera eficaz los recursos humanos y financieros que eliminen obstáculos para el funcionamiento de los servicios públicos de manera integral y establecer las garantías mínimas de protección”, advirtió el Presidente del Comité.

Ángel Záizar Prado

Presidente del CCSPM

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