MEXICALI. La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, se pronunció a favor de la carrera judicial pero en contra de los privilegios y la distancia que los jueces han puesto entre ellos y la sociedad. Ha reconocido que, desde su autonomía, la corporación que ella encabeza se mantiene expectante en torno a la iniciativa de reforma, ya que va a impactar directamente en su trabajo.

La funcionaria estatal fue la invitada principal del tradicional desayuno del Grupo Madrugadores de Mexicali, ante cuyos miembros habló de diversos temas. El de la reforma judicial no podía quedar fuera, sobre todo porque ella llegó a ser trabajadora del Poder Judicial e incluso juez.

Hizo cuestionamientos a la resoluciones de jueces, las cuales varían de uno a otro, pese a tratarse del mismo Código Penal y de hechos similares, aunque también reconoció la importancia de la preparación para realizar su trabajo. 

“Sí hemos tenido casos lamentables… situaciónes no muy ortodoxas en los temas de resoluciones judiciales y más en el tema de jueces que ellos no tienen contacto ciudadano. Creo que ahí sí tiene que haber varios ajustes, porque son parte de una sociedad, de una comunidad”, propuso la funcionaria.

“A veces un juez resuelve de una manera y otro de otra, cuando es el mismo código y el mismo hecho”, enfatizó.

Baja California no ha estado exenta de irregularidades en materia federal, señaló Andrade Ramírez. “El Fiscal federal encargado de esta delegación, el maestro Victorino Porcayo, lo ha subido como tema de la mesa (de seguridad), de las resoluciones judiciales tan adversas de pronto en temas federales.

Ante los integrantes del grupo ciudadano y reporteros puso como ejemplo -en el orden federal y estatal- casos en los que un Juez ha decidido negarle prisión preventiva a un imputado, aunque se le haya encontrado el cuerpo de la víctima descuartizada en la cajuela de su vehículo.

“¿…Saben cuándo van a encontrar a esa persona? ¡Nunca!”, expresó. 

Hay muchas cuestiones que se tienen que resolver, insistió. “Yo fui parte el Poder Judicial del Estado, trabajé en un Juzgado, también estuve como Juez por ministerio de ley… Entiendo el Poder Judicial. Debe ser un trabajo muy sensible, de mucho estudio, pero también hay cosas que se tienen que resolver”, definió.

Por otra parte, reconoció la sensibilidad con la que ha actuado el Presidente del Poder Judicial del Estado, al presentarle casos en donde la Fiscalía ha presentado las correspondientes quejas. A consecuencia de ello, recientemente fueron separados de sus responsabilidades un Juez y una Jueza de la zona costa, que fueron acusados de emitir resoluciones aberrantes sin explicación técnica o jurídica. 

Y definió: “Sí a la carrera judicial mas no a ese tipo de privilegios y sobre todo a ese alejamiento con la ciudadanía.”

En cuanto al avance de la reforma, dijo que se mantendrán a la expectativa respetuosamente de cada poder, ya que “la reforma va a impactar directamente en el trabajo de la Fiscalía y vamos a esatr a la orden pero también vamos a estar citando casos donde lamentablemente consideramos que ha habido un desatino jurídico de algunos jueces.”

“Hay muchas áreas de oportunidad que se tienen que resolver”, mencionó Andrade Ramírez, al señalar que cuando es puesto en libertad un imputado que a todas luces es responsable del delito, se le suele echar la culpa al Ministerio Público, a la Fiscalía, pero no se suele observar el criterio del Juez.

El Grupo Madrugadores reinició sus actividades este lunes bajo la presidencia de Alfredo Vega Valencia, luego del periodo vacacional, con una nueva sede que será a partir de hoy el hotel Araiza Inn Mexicali.

“Creo que ningún servidor público, independientemente del rango que tengamos, debemos de estar por encima de los ciudadanos, porque nos debemos a los ciudadanos y nos debemos a la Constitución que citó el maestro Fernando Rosales, y no debemos de estar en una cúpula inalcanzable, ni tener a toda la familia ahí dentro de nostotros como en un feudo; eso no puede ser posible”.

María Elena Andrade Ramírez

Fiscal General de Baja California

‘Narcomantas’ son reacción por el trabajo efectivo

La fiscal estatal María Elena Andrade Ramírez consideró que las llamdas “narcomantas” que se han instalado en distintas partes del estado son efectos del combate que se les ha dado a los diversos grupos criminales que intentan operar o que pretenden ingresar a Baja California.

“Nosotros consideramos que puede ser parte de la reacción porque a estos grupos se les ha molestado”, indicó.

Reconoció que la relación entre las comunidades de San Luis Río Colorado, Sonora, y el Valle de Mexicali, es muy fuerte. “Sabemos que este trabajo es de riesgo, sabemos que siempre va a haber reacciones, pero también sabemos que no tenemos compromiso con nadie, y hablo por el caso de la Fiscalía”, recalcó.

Como ejemplo, puso el arresto de seis agentes. dela Polciía Municipal de Ensenada, quienes les ayudaban a los criminales. aescapar después de que cometían delitos de alto impacto.

“A veces como ciudadanos criticamos al policía, al trabajo policial, pero deetrás de ese etrabajo hay mucho esfuerzo”, concluyó, sin antes reconocer el buen trabajo que la mayoría de policías realizan en Baja California.

Videocámaras, ‘sin dueño’

Mauricio Higuera

Desde hace seis meses se tiene conocimiento de la instalación de cámaras de seguridad que podrían estar relacionadas con el crimen organizado, declaró la fiscal estatal María Elena Andrade Ramírez, al referir que se han detectado cientos de ellas.

“Si son cientos de estas cámaras las que se han quitado… es un tema que está atendiendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya que es su facultad”, respondió.

La Fiscal aclaró que la entidad que encabeza no está encargada de retirarlas, y que es la Secretaría de Seguridad Ciudadana quien puede ofrecer más detalles sobre el asunto.

Resaltó la importancia de que la Policía Municipal vigile lo que sucede en la ciudad. “Para instalar una cámara se requiere equipo y presencia física de las personas que se dedican a ello”, indicó la titular de la fiscalía, mencionando que Tecate y Tijuana fueron los primeros municipios donde se detectó la presencia de este tipo de equipo de vigilancia.

“De momento, no se sabe de dónde provienen estas cámaras. Podrían estar vinculadas a grupos delictivos, y obviamente existe un riesgo”, concluyó.

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