MEXICALI. El proceso judicial contra David Alejandro “N”, directivo bancario vinculado al fallido proyecto de planta fotovoltaica en Baja California, ha puesto en evidencia los riesgos sistémicos de los esquemas de colaboración entre gobiernos y actores privados sin controles robustos. La vinculación a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades cometidos por particulares marca un precedente en la revisión de modelos de contratación que, bajo la promesa de eficiencia, terminan vulnerando el interés público.
El contrato entre el gobierno estatal y la empresa Next Energy, que incluía participación financiera de la banca representada por el imputado, nunca se tradujo en obra construida siendo anunciada en el gobierno de Jaime Bonilla Valdez. Sin embargo, generó compromisos jurídicos y financieros que hoy se dirimen en tribunales. La juez Ana María Elía González consideró que existen elementos suficientes para presumir simulación contractual, desechando los argumentos de la defensa que alegaban buena fe y ausencia de deuda pública.
El acusado fue presentado ante el juzgado en Mexicali tras haber salido del país y evadido audiencias previas. Aunque la fiscalía solicitó prisión preventiva, la defensa argumentó condiciones médicas, arraigo familiar y la reparación del daño por 177 millones de pesos. La juez determinó medidas cautelares que incluyen firma mensual, fianza de 2 millones de pesos y prohibición de salida del país.
El plazo para la investigación complementaria se fijó hasta el 23 de diciembre, donde se espera esclarecer el uso de figuras contractuales que permiten comprometer recursos públicos sin garantías de ejecución.
