MEXICALI. A una semana del asesinato del subcomandante de la Policía Municipal de Mexicali, Roberto Méndez Arreola, la Fiscalía General del Estado aseguró que hay avances en la investigación, pero no ofreció detalles concretos ni definió líneas claras sobre una posible relación del crimen con su labor como servidor público.
Durante una comparecencia ante medios, la fiscal general María Elena Andrade Ramírez informó que se han realizado entrevistas a familiares y compañeros del agente, y que se revisó el teléfono celular que portaba al momento del ataque. Sin embargo, reconoció que este no aportó evidencia útil para esclarecer el caso.
Pese a que el homicidio fue calificado como un hecho planeado —el subcomandante recibió 88 disparos de fusil AR-15— la fiscal reiteró que no existen registros de amenazas previas ni indicios contundentes que vinculen el crimen con su función operativa en la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Otros temas abordados por la fiscal
En la misma conferencia, Andrade Ramírez se refirió al caso de la institución bancaria AFIRME, donde continúan las investigaciones por la retención de 123 millones de pesos relacionados con el fallido proyecto de la planta fotovoltaica promovida por el gobierno estatal.
Aunque el consejero Nabor “N” fue liberado tras ser imputado por la retención del recurso, la titular de la Fiscalía adelantó que habrá más personas investigadas por su presunta participación en este caso.
También informó sobre un intento de extorsión en la llamada zona dorada de Mexicali, donde el dueño de un restaurante fue víctima de amenazas económicas por parte de tres hombres. Gracias a la intervención oportuna de la víctima y a una operación encubierta, los agresores fueron detenidos.
“Esta persona se contactó vía telefónica con la víctima para exigirle 100 mil pesos a cambio de devolverle cuatro pagarés en blanco que previamente había sido obligado a firmar por Abdón ‘N’ y Guillermo ‘N’ bajo amenazas. Al día siguiente, los imputados lo citaron en un restaurante, donde entregó 50 mil pesos. Al ver que el monto era incompleto, lo intimidaron y aumentaron la exigencia a 800 mil pesos, diciéndole que le harían daño. Fue entonces cuando pidió permiso para ir al baño y aprovechó para llamar al 911”, explicó la fiscal.
