MEXICALI. Por posibles irregularidades en el actuar de servidores públicos al interior de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en el caso de atropellamiento de la maestra Yenin Chan y por el reciente fallecimiento de una persona de nombre José Ángel Romero, en el área de “separos” de la corporación policiaca, los regidores del PAN en el Cabildo de Mexicali, Edel de la Rosa, Victoria Guerrero y Manuel Rude García exhortaron a la presidenta municipal y al síndico del ayuntamiento, a investigar a profundidad y, en su momento, imponer las medidas correctivas correspondientes.
Los ediles señalaron que resulta preocupante que, de ambos casos, con desenlaces fatales, se argumente que los sistemas de videovigilancia con los que cuenta la DSPM, tanto en sus instalaciones, como en las unidades policiacas, se encontraban fuera de servicio, los cuales de haberse encontrado en correcto funcionamiento hubieran permitido que las indagatorias de los hechos dieran mayor certeza sobre lo acontecido, e inclusive poder prevenir las desafortunadas consecuencias.
Por lo anterior, mediante escrito, los regidores solicitaron a la alcaldesa Norma Bustamante: Gire las instrucciones para realizar un diagnóstico de la situación actual que guarda el equipamiento con que cuenta la Dirección de Seguridad Pública Municipal, tales como: unidades de policía (patrullas), armamento y municiones, sistemas de videovigilancia y grabación, etc., presentando el resultado del mismo, así como las acciones correctivas y preventivas que se tomarán para evitar que de nueva cuenta la falta de atención a la operación y mantenimiento del equipamiento afecte la actividad de investigación y la posible sanción de hechos delictivos, faltas administrativas y/o delitos.
Asimismo, solicitan al síndico Procurador, Héctor Ceseña lleve a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer las acciones y omisiones en que hayan incurrido servidores públicos municipales en virtud de los hechos antes señalados y, en su caso, imponga las sanciones correspondientes; así como determinar si existe responsabilidad administrativa atribuible a servidores públicos municipales, respecto de la falta de operación y/o mantenimiento de los sistemas de videovigilancia y grabación con que se ha dotado a la corporación, tanto en sus instalaciones como en las patrullas.
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