EL PAÍS
Hace un año, Andrés Manuel López Obrador pronunció su primer discurso como presidente electo. Era la noche del 1 de julio y el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se dio un baño de pueblo en la plaza del Zócalo tras una victoria arrasadora. Frente a miles de personas dio claves de su Gobierno. “Todo lo ahorrado por el combate a la corrupción y por abolir los privilegios se destinará a impulsar el desarrollo del país. No habrá necesidad de aumentar impuestos en términos reales (…) bajará el gasto corriente y aumentará la inversión pública”. En aquellos 15 minutos la palabra austeridad no apareció en ningún momento y, sin embargo, ha sido la principal característica del Ejecutivo de López Obrador.
Prácticamente ninguna de las 30 semanas de la Administración de Morena, que este lunes aprobó la Ley de Austeridad Republicana, han pasado sin una estridente queja por los recortes, que han tocado casi todos los sectores del Gobierno. Burócratas, científicos, académicos, policías y soldados, médicos, jueces, maestros, periodistas y artistas han alzado la voz para explicar cómo los recortes están dañando sus trabajos.
El quinto memorándum de López Obrador, enviado a la Administración pública a inicios de mayo se convirtió en un dolor de cabeza para la burocracia. La orden presidencial obligaba a reducir un 30% en gastos de representación, vuelos y viajes, además de desaparecer, para el 31 de mayo como fecha límite, las direcciones administrativas y despedir a los trabajadores eventuales. Llevar a la práctica el texto fue complicado por su falta de claridad. El propio presidente ha admitido ha habido “falta de criterio” y “sentido común” en la aplicación de la austeridad. En una entrevista con el diario La Jornada, no obstante, López Obrador asegura que “todavía falta más austeridad”, otra “vuelta de tuerca”, que no termina de explicar en qué consistirá. “El recorte se ha hecho con un hacha cuando se tenía que haber hecho con bisturí”, dice Mariana Campos, investigadora del centro de investigación México Evalúa.
El 21 de mayo las señales de alarma se volvieron tangibles. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez, dimitió acusando las draconianas medidas de gasto impuestas por Hacienda. “Eso supuso un punto de inflexión”, explica Khemvirg Puente, coordinador del Centro de Estudios Políticos de la UNAM. “Evidenció cómo los recortes no pueden ser con machete, sino producto de un análisis detallado”, añadió el experto.
