MEXICALI. Sin respetar el compromiso de realizar mesas de trabajo y espacios de diálogo entre el Ayuntamiento y los vecinos, el Cabildo local aprobó el Reglamento para el Control de Accesos y Casetas de Vigilancia, el cual vendría a afectar a los habitantes de 35 mil viviendas de más de 65 residenciales y privadas de esta capital.

El acuerdo aprobado por el órgano colegiado municipal, obliga a los residentes en este formato a constituirse como asociación civil, deberán contratar empresas de seguridad privada y no directamente a sus guardias, y elaborar un proyecto arquitectónico de su respectivas casetas, o tendrían que ser reubicadas, en caso de incumplir con el reglamento en cuestión.

Además el reglamento referido prohíbe la retención de documentos de identificación, tomarles fotografías o video grabarlos. También establece que no se le puede prohibir el acceso a ninguna persona que lo solicite.

A través de un comunicado, los presidentes de los Comités de Vecinos Unidos en la Red de Residenciales de Mexicali, expresaron su preocupación y reclamo a la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante y al Cabildo de Mexicali, por lo que calificaron como “violatoria aprobación del leonino” reglamento.

En el documento señalan que la propia Alcaldesa, el Director de Administración Urbana y los integrantes del Cabildo local se habían comprometido a generar mesas de análisis, de diálogo y participación, en las que se presentarían propuestas, inquietudes y necesidades relacionadas con la creación de este reglamento.

Pese a ello, el Cabildo aprobó el reglamento en cuestión, el cual calificaron como “agresivo y con fines meramente recaudatorios”.

El reclamo por escrito señala: “se nos deja en un estado de incertidumbre y un futuro incierto, ya que en muchos casos resultó evidente la corrupción de servidores públicos que, cerrando los ojos, permitieron la creación de fraccionamientos con barda perimetral, caseta y accesos controlados, sin orden o regulación”. Estas construcciones las han ejecutado en los recientes 20 años por diversas constructoras de renombre, con la evidente complicidad de funcionarios y servidores públicos.

Por tal motivo hicieron un llamado a la autoridad local a replantear las acciones, mecanismos y normas que regulen los accesos a los residenciales.

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