Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Baja California aceptaron la renuncia de Salvador Ortiz Morales como Presidente del Poder Judicial del Estado, horas después de haberse aprobado por parte del otro Poder, el Legislativo, la desaparición del Consejo de la Judicatura, a petición del titular del Ejecutivo, Jaime Bonilla Valdez.
La iniciativa fue presentada por el diputado de MORENA, Juan Manuel Molina García, quien hizo eco a la intención del primer Gobernador emanado de este mismo partido en la entidad.
Ortiz Morales ha presentado su renuncia un año antes de finalizar su mandato, toda vez que fue electo Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado el 8 de noviembre del 2017.
En sesión, los magistrados eligieron a Jorge Ignacio Pérez Castañeda, como nuevo Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California. Hasta antes de esta designación, encabezaba la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes.
Salvador Ortiz, ex presidente del Poder Judicial de Baja California.
Los magistrados consideraron que Ortiz Morales no ha sabido defender al Poder Judicial, lo cual derivó en la eliminación del Consejo de la Judicatura que hoy está en pugna.
Buscarán revertir la reforma
El nuevo presidente del Poder Judicial del Estado, Ignacio Pérez Castañeda, dio a conocer que esta instancia recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para frenar la reforma aprobada en el Congreso de Baja California que aprobó la eliminación del Consejo de la Judicatura.
Los magistrados desmintieron lo declarado por el diputado inicialista de la propuesta, Juan Manuel Molina, quien habló sobre un supuesto consenso al que llegó con ellos para impulsar dicha reforma.
La acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte se presentaría una vez que sea publicada.
Poder Judicial, sostuvo su nuevo titular, debe ser autónomo y determinar su propia regulación normativa, por lo que será la Suprema Corte en su momento, la que determine lo que proceda.
La iniciativa promovida recién aprobada plantea la creación de una Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, compuesta por cinco magistrados que no recibirán compensación económica alguna.
Según la propuesta aprobada por el Congreso del Estado, la eliminación del Consejo de la Judicatura obedece a que es un órgano oneroso que se ha convertido en una agencia de empleos.
Sin embargo, cabe señalar que durante la discusión de la ya aprobada reforma, diputados que estuvieron en contra de la misma señalaron que le estaría dando al Poder Ejecutivo un poder desmedido para nombrar a los magistrados y que con ello se vulnera el principio de independencia.
Aún así, la propuesta fue aprobada con el voto de 18 diputados.
