Mexicali Baja California.- Con nueve votos a favor y seis en contra, el Cabildo de Mexicali aprobó en sesión este jueves el regreso del cobro por alumbrado público en Mexicali, instaurado por el alcalde panista Jaime Rafael Díaz Ochoa, bajo el nombre del Derecho al Alumbrado Público (DAPM), pero hoy denominado Derecho por Servicio de Alumbrado Público (DSAP).
Se trata de un cobro que ya había sido eliminado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por encontrarse inconstitucional, pero ahora para reinstaurarlo, se le cambió de concepto, aunque su fin es el mismo.
A favor de este concepto votaron a favor:
- Marina del Pilar Avila Olmeda (MORENA).
- Eneyda Elvira Espinoza Alvarez (MORENA).
- José Manuel Martínez Salomon (MORENA).
- Cleotilde Molina Lopez (MORENA).
- José Ramón Lopez Hernandez (MORENA).
- Sergio Tamai García ( PT).
- María de la Luz Pérez Rosas ( TRANSFORMEMOS).
- Síndico Héctor Israel Ceseña Mendoza (TRANSFORMEMOS)
- Arnoldo Douglas Alvarez (Movimiento Ciudadano)
Votaron en contra:
- María Cristina Mares Vejar (PAN).
- Fernando Rosales Figueroa (PRD).
- Diego Echeverría Ibarra (PAN).
- Ronaldo Diaz Lerma ( PAN).
- Luz Elena Fonseca Rentería ( PBC).
- Ricardo Hernández Morelos (MORENA).
Estuvieron ausentes de la sesión:
- Adriana Lopez Quintero (PRI).
- Janeth Raquel Tapia Barrera (Independiente).
Durante la XLIV Sesión Extraordinaria del Cabildo, misma que duró más de dos horas, fue presentado el Dictamen 29/21 previamente aprobado por la Comisión de Hacienda, que autoriza a la Presidenta Municipal a convenir con la CFE para cobrar el DSAP.
El argumento para que volviese este cobro, desdeñando la suspensión hecha por la Suprema Corte, fue que se había calculado tomando como base el consumo de energía eléctrica, lo cual únicamente es permisible al gobierno federal.
Por eso se le cambió el nombre, a fin de que cuanto antes, en el recibo de los mexicalenses vuelva a aparecer este cobro.
Sin embargo, en la discusión respecto a este punto del orden del día, el regidor panista estimó que la Suprema Corte volverá a declarar inconstitucional este cobro, pues en su esencia es lo mismo que el DAP.
Fernando Rosales Figueroa, del PRD, añadió que además de ser inconstitucional, su aplicación afectará aún más a la economía de las familias mexicalenses, que actualmente están enfrentando una seria crisis económica causada por la pandemia y sus efectos.
En su oportunidad, la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda explicó que el recurso proveniente de este concepto será invertido de manera transparente y eficiente, y pidió recordar que el DAP fue creado en una administración panista.
