MEXICALI. Con el objetivo de fortalecer la fiscalización y desempeño de los fideicomisos públicos que no cuenten con estructura administrativa, para fines de transparencia y rendición de cuentas, la diputada Alejandra Ang Hernández, presentó iniciativa que reforma los artículos 3 y 9 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del estado de Baja California.
La legisladora con esta propuesta, expone la importancia de precisar en las definiciones de la Ley de Presupuesto estatal, la referencia a la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Baja California, ya que allí se desglosa la tipología orgánica y funcional del sector paraestatal y sus características, entre ellas los fideicomisos públicos con estructura y sin estructura.
La propuesta legislativa también establece que, al extinguir los fideicomisos, las dependencias y entidades deberán enterar los recursos públicos remanentes a las tesorerías correspondientes.
Como sustento principal para las adiciones planteadas, la legisladora indicó que se adaptó el contenido que contempla los artículos 9 y 11 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, además se armoniza con el artículo 38 de la Ley de Entidades Paraestatales del estado de Baja California y se modifica la fracción VIII del artículo 3, en razón de los principios de igualdad de género.
La adición de los párrafos al artículo 9 de esta ley, es con el objetivo de precisar que los fideicomisos que no cuenten con estructura orgánica o administrativa, se constituirán, organizarán y funcionarán de conformidad con las disposiciones legales aplicables, de igual forma los entes responsables de estos fideicomisos, los que a su presupuesto se hayan otorgado los recursos o que coordinen su operación, reportarán en los informes trimestrales y la Cuenta Pública el cumplimiento de la misión y fines de dichos fideicomisos, así como de los recursos ejercidos.
Con esta propuesta de reforma la diputada Alejandra Ang reitera la necesidad de impulsar una mayor transparencia y rendición de cuentas en su operación, producto de la fiscalización de los recursos y el cumplimiento del objetivo para el que fueron creados, demostrando su utilidad e impacto en los asuntos de interés público.
La fiscalización de los recursos públicos es el proceso estatal que fortalece los valores constitucionales de la transparencia y rendición de cuentas, por lo cual, es de suma importancia contar con un marco jurídico vigente claro, respecto a la actuación de los entes públicos en relación a la asignación y ejercicio de los recursos gubernamentales.
