Cambiar el periodo de un gobernante electo ya después de la contienda electoral es una ilegalidad histórica que arriesga el diseño del sistema democrático en México, señaló la Coparmex en Baja California al fijar su posicionamiento ante los múltiples intentos de ampliar la duración del próximo gobierno estatal.
En esta capital, los presidentes de los centros empresariales de Tijuana, Roberto Rosas Jiménez; de Ensenada, Marco Navarro Steck; de Mexicali, Ernesto Elorduy Blackaller, y de Coparmex Baja California, Armando León Ptacnik, calificaron como inadmisible que, habiendo iniciado un proceso electoral e incluso después de haber ido a las urnas, la XXIII Legislatura de Baja California, modificó el periodo de gestión del gobernador electo, mediante una “sorprendente” reforma a la Constitución local, el pasado 8 de julio, 37 días después de haberse realizado la jornada electoral del pasado primero de junio, donde salió ganador Jaime Bonilla Valdez, quien habrá de convertirse en el primer mandatario emanado de MORENA en la historia de esta entidad.
“Al día de hoy, 4 de septiembre del 2019, estamos a 58 días desde que se aprobó la reforma al periodo de gobierno y el Congreso del Estado aún no envía dicha reforma al Poder Ejecutivo del Estado para que pueda ser publicado en el Diario Oficial del Estado (DOE). La parálisis legislativa generada con la inacción de los responsables impide acceder al sistema de impartición de justicia, al inhibir las acciones que pudieran derivarse en contra de la reforma aprobada”, señalaron los patrones en Baja California en su posicionamiento.
En este contexto, “los ciudadanos nos encontramos impedidos para ejercer los medios de impugnación que el propio sistema jurídico mexicano pone a su alcance para defender la Constitución”, precisaron.
Por este motivo Coparmex califica esta acción como “una clara omisión legislativa irresponsable y ausente de respeto al voto de los bajacalifornianos que los eligieron para hacer valer y defender la misma Constitución que están permitiendo sea amenazada”.
Además consideraron que la consulta que hace una semana promovió esta misma legislatura local, no tendría validez legal en materia electoral, que se expresa en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California.
“Considera Coparmex que un ejercicio de consulta como el acordado por el Congreso de BC será un ejercicio simplemente inútil y una pérdida de tiempo valioso, ya que no aportaría de alguna manera a resolver un asunto estrictamente de índole jurídico que sólo puede resolver la SCJN”, anota el mensaje expuesto este día.
E hicieron un exhorto al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado “a cumplir con su obligación de enviar, sin mayor dilación, la reforma mencionada al Poder Ejecutivo del Estado para permitir la urgente resolución jurídica al que tienen derecho los bajacalifornianos”.
“No hacerlo, o dejarlo en manos de una consulta financiada por particulares sin validez legal, representa un agravio al sistema democrático mexicano y a los ciudadanos de Baja California”, concluyeron.
