Miembros del movimiento Mexicali Resiste presentaron este jueves una demanda en contra del alcalde Gustavo Sánchez Vázquez, y el secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, por ser los autores del desalojo realizado el pasado 21 de julio de las inmediaciones de la planta que se construye para la empresa Costellations Brands.
Armando Salinas Bravo, asesor legal del movimiento, sostuvo que la labor de las policías municipales y estatales fue fuera de la ley; primero por ser ese sitio, el kilómetro 10.5 de la carretera Mexicali San Felipe, una vía federal siendo competencia de llevar cualquier acto parecido de la Policía Federal.
Segundo, el entrevistado indicó que la Policía Municipal actuó de manera irregular al haber transcurrido casi cinco horas entre la detención de las tres personas que fueron consignadas en aquella ocasión y su presentación en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en la ciudad. Durante ese lapso no se supo de los tres ciudadanos.
Los funcionarios públicos a los que se demanda son el presidente municipal, Gustavo Sánchez Vázquez; el director de Seguridad Pública, Alonso Ulises Méndez; al secretario de seguridad pública del estado, Daniel de la Rosa Anaya; Alejandro Roque, funcionario de la Secretaria General de Gobierno; y a 10 agentes que participaron en el operativos de desalojo, 8 municipales y 2 estatales.
Los delitos que se señalan en la denuncia son abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, conformados en el Número Único de Caso (NUC) 0202-2017-35209 de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Salinas Bravos indicó que esperan celeridad en el avance del caso, y no como en la denuncia que se presentó hace meses por el desalojo del Palacio Municipal en febrero pasado y que ha tenido un nulo progreso por parte de la dependencia estatal, en donde tal parece que están haciendo todo lo posible para ponerle trabas, denunció.
En ese sentido, apuntó que ya sería la segunda denuncia penal en contra del presidente municipal y el director de seguridad pública en menos de seis meses, lo que demuestra la situación caótica en la que están desenvolviéndose en sus cargos.
