A diez años de la implementación del Sistema Estatal de Justicia Alternativa (Sejap) en Baja California, ha demostrado ser una herramienta necesaria para despresurizar la carga de trabajo de las unidades de investigación, lo que permite que las unidades profundicen en las investigaciones de los delitos denunciados, señaló el Procurador General de Justicia del Estado, Cristian Colosio Lule.

En el marco la celebración del Décimo Aniversario del Sejap, entregaron reconocimientos a 48 servidores públicos pioneros, que brindan a la ciudadanía un servicio humano con dedicación y compromiso, en una sencilla ceremonia en donde estuvo acompañado por Paulina Elma Tinoco Lara, encargada del despacho del Sejap y la directora de Visitaduría General, Edith Villalobos.

El titular de la PGJE, resaltó el crecimiento del 508%, es decir 5 veces más, en el 2009 inicio con 5 módulos de atención con 45 servidores públicos, actualmente son 14 módulos y 229 servidores públicos, que ofrece salidas alternas a la judicialización de las denuncias con el fin de atender realmente lo prioritario para los ciudadanos.

Asimismo, los exhortó a seguir trabajando con el compromiso y profesionalismo en la atención al público y no bajar la guardia.

Por su parte, la encargada del Sejap, Paulina Elma Tinoco Lara dijo que se dice fácil 10 años, pero ha sido un camino en donde ha representado grandes retos, enfrentamos el desafío de ser agentes de cambio, transitando de una forma punitiva de resolver conflictos a una cultura de diálogo, empatía y paz.

“Sejap ha ido evolucionando, pasamos de ser el área en donde se resuelven los asuntos de peleas de vecinos, chismes a resolver, asuntos delicados, cuantiosos, mediáticos, con un gran sentido de responsabilidad y profesionalismo”, en esta década, esta área ha realizado:

  • Más de Un millón 380 mil usuarios han sido atendidos en las unidades de orientación.
  • Se han realizado alrededor de 132 mil acuerdos preparatorios.
  • Y 285 millones de pesos, se ha logrado recuperar por concepto a reparación del daño a víctimas y ofendidos.

Parte de la efectividad de este sistema, es que se cuenta con unidades de seguimiento para garantizar que los acuerdos se cumplan, además de firmar acuerdos por escritos, que, de no cumplir algún acuerdo, existe la posibilidad de que esos asuntos puedan llegar finalmente a un proceso penal.

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