La Fiscalía General de Baja California dio carpetazo al escándalo más sonado de la administración del gobernador Jaime Bonilla Valdez, al mandar al archivo el caso de los moches que valió la destitución a funcionarios de primer nivel de este gobierno, los cuales hoy han quedado exhonerados.
Fue la Fiscalía Regional de Mexicali la que decidió archivar la carpeta de investigación del caso de las cuotas que supuestamente se cobraban a cambio de jugosos contratos y que constan en audios que documentan la participación del entonces Oficial Mayor, la Secretaria de Bienestar y uno de sus operadores.
La Fiscalía General del Estado determinó el no ejercicio de la acción penal en la investigación iniciada por el delito de negociaciones ilícitas, en contra de Jesús Demián Núñez Camacho, sustituido oficial mayor del Gobierno del Estado, y Cynthia Gissel García Soberanes, entonces secretaria de Bienestar en Baja California, quien también fue relevada luego de “caer en coma”, según en su momento lo informó el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.
Dicha carpeta de investigación se inició de oficio basada en notas periodísticas y portales de comunicación, en donde se señalaba que los imputados habían recibido ciertas cantidades de dinero a cambio de otorgar contratos para la proveeduría de alimentos en los Centros de Reinserción Social.
Luego de un cúmulo de diligencias y pesquisas realizadas por el Ministerio Público se emitió una determinación de archivo, ya que los imputados no tenían calidad de servidores públicos, aunado que a la fecha se recabaron informes de la autoridad y testimonios de quienes hasta ese momento se advierte tienen conocimiento de los hechos, los cuales no son suficientes para resolver sobre el ejercicio de la acción penal, según concluyó la Fiscalía.
Por ello se concluye el expediente, al no haber diligencia que tramitar.
