La titular de la Secretaría de Honestidad y Función Púbica, Vicenta Espinoza Martínez, acudió esta tarde al Ministerio Público a entregar el resultado de su auditoría interna en la que se encuentra un supuesto desvió de recursos por mil 200 millones de pesos, en la cual se acusa a catorce ex funcionarios de la administración de Francisco Vega de Lamadrid.
Derivado de una auditoria especial realizada por la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública se presentaron dos denuncias por el presunto fraude en el que podrían estar implicados los ex funcionarios de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y Oficialía Mayor.
Dentro de la investigación que se presentó en el Ministerio Publico se indica que no existe una documentación comprobatoria de que se efectuó el egreso, así como un registro contable mal utilizado, “hicieron cuentas alegres”, expresó la Secretaría de Honestidad y la Función Pública.
En este hecho podrían estar implicados 14 ex servidores públicos por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas (Secretario de Planeación y Finanzas, Subsecretario de Finanzas y el Director de Egresos) y de Oficialía Mayor (Oficial Mayor, subsecretario de administración, director de adquisiciones, Director de Normatividad y Políticas Administrativas).
La Segunda denuncia, resultado de una Auditoría realizada por la presente administración de Gobierno de Baja California, corresponde a presuntas aportaciones al Partido Acción Nacional (PAN) y a una Asociación Civil, Centro de Estudios y Análisis Humanistas, ligada al mismo partido.
Espinoza Martínez precisó que se realizó un descuento del 2% de manera catorcenal a los sueldos de empleados de Gobierno del Estado, del 28 de agosto de 2008 al 31 de octubre de 2019 para el beneficio de la A.C.
En dicha denuncia se señala a 26 ex funcionarios de gobierno que pueden estar involucrados, de Oficialía Mayor, así como de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
La titular de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública aclaró que, de ambas investigaciones penales existe una investigación administrativa de la cual se fincarán responsabilidades.
