Este jueves elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional recuperaron el control de la caseta de peaje de Playas de Tijuana, Baja California, que el Gobierno del Estado había arrebatado a la federación mediante un decreto que exentaría de pago por el uso de esta vía federal a los residentes de la zona.
Luego de señalar que el decreto emitido por el gobernador morenista Jaime Bonilla Valdez, carecía de legalidad y además violaba la Constitución, Al menos 30 unidades artilladas del Ejército Mexicano se presentaron en este punto y se apoderaron del lugar, mientras que elementos de la Fiscalía General del Estado, que se encontraban custodiándolo, optaron por retirarse.
El gobernador Bonilla Valdez salió de inmediato rumbo a la Ciudad de México, a atender este tema, aunque a través de un breve comunicado se afirmó que se trataba de una gira “previamente programada”.
“En estos momentos el Jefe del Ejecutivo se encuentra en la capital del país atendiendo asuntos de gran trascendencia para el pueblo de Baja California”, indicó el mensaje oficial.
El miércoles pasado, Bonilla Valdez se presentó acompañado del fiscal general de Baja California Guillermo Ruiz Hernández, y su secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, en la caseta de cobro número 34, ubicada en el kilómetro 11 de la autopista Tijuana-Ensenada, a la altura de Playas de Tijuana, donde anunció que publicaría un decreto para que la plaza de cobro y el tramo carretero de Tijuana a Playas de Rosarito, pasaran a la posesión del Gobierno del Estado de Baja California, el cual se encargará de mantener y conservar el mencionado tramo carretero, por lo que la caseta ya no cobrará cuotas de peaje a los residentes y automovilistas.
El argumento de Bonilla Valdez indica que por esa zona transitan 12 mil familias bajacalifornianas que gastan mil pesos semanales en casetas, lo que representa el 35% de su salario.
En respuesta a este improvisado evento, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió un comunicado en el que señaló que esta decisión unilateral del Gobierno del Estado viola la constitución al pretender administrar 18 kilómetros del tramo de la carretera escénica Tijuana- Playas de Rosarito.
“El decreto viola la Constitución y diversas leyes federales, invadiendo la competencia y atribuciones exclusivas del Ejecutivo Federal”, señaló la SCT.
Caminos y Puentes Federales (Capufe), el ente encargado de administrar y operar la carretera de Tijuana-Playa de Rosarito, anunció que procedería a tomar las medidas correspondientes para restituir la posesión y administración de la caseta y el tramo carretero en cuestión.
Bonilla argumentó que durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto se amplió la concesión sin consultar a los bajacalifornianos, “a quienes diariamente se les violenta el derecho constitucional de libre tránsito, al no contar con otra vía de tránsito o ingreso a sus hogares, siendo responsabilidad de este gobierno, la obligación de acabar con esta vulneración constitucional a sus derechos”.
