Derivado de las acciones de protesta ocurridas durante el fin de semana pasado en el Congreso del Estado, nueve miembros de los grupos Mexicali Resiste, Baja California Resiste y Resistencia Civil Cachanilla, fueron citados a declarar al ser imputados en la denuncia que el presidente y secretaria de la Mesa Directiva de la XXII Legislatura local, Benjamín Gómez Macías y Eva María Vázquez, presentaron el 30 de septiembre anterior.
El asesor legal de Mexicali Resiste, Fernando Rosales Figueroa, explicó los imputados fueron León Fierro, Tania Gallaga, Alan Barrera, Alma Araceli Piña, Gabriela Aranguré, Raquel Camacho, Filiberto Sánchez, Francisco Armando Zambrano y Jorge Benítez. Los delitos que se les imputa son despojo y ultrajes a la autoridad.
Sin embargo, los casos están muy mal sustentados por los diputados, a quien se les nota que actuaron de manera rápida y no pudieron presentar una denuncia buena, por lo que el abogado nota pocas posibilidades de avance a la denuncia.
Acusó una inusual rapidez en el llamado de la Procuraduría, pues quienes se dedican al litigio conocen de casos en que hasta cuatro meses después de presentar una demanda es cuando comienzan a ejercer los citatorios contra los imputados. En la denuncia que presentaron los diputados pasaron apenas tres días, incluyendo uno inhábil.
Para el también catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), esta actuación es reflejo de un favorecimiento de la autoridad hacia un grupo privilegiado, como los son los legisladores locales. Mientras que el “ciudadano de a pie” debe de enfrentarse al tortuguismo de la Procuraduría.
Rosales Figueroa sostuvo que Mexicali Resiste prepara también una demanda contra los diputados de Baja California por el cargo de apología del delito, que se hizo durante la sesión extraordinaria del viernes pasado, cuando introdujeron al recinto parlamentario a pacientes de centros de rehabilitación para que provocaran enfrentamientos con manifestantes de grupos ciudadanos.
