Agricultores pertenecientes al Comité de Defensa del Agua de Baja California tomaron las instalaciones en Mexicali de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) como forma de protesta contra la firma del acta 323 entre los gobiernos de México y Estados Unidos y con la cual se dictaminarán los volúmenes de agua que le corresponderán a cada nación durante los próximos nueve años.
El representante del Comité, Rigoberto Campos González, manifestó que este acta es un andamiaje para un futura privatización del agua que le corresponde a los usuarios del Valle de Mexicali y para su venta a los Estados Unidos, en donde siempre han visto con recelo las dotaciones que desde los años 40 se le otorgaron y han calificado como un robo los porcentajes del vital líquido que le corresponden a México.
En revisiones que han tenido al documento que conforma la mencionada acta se han encontrado apartados que atentan directamente contra la producción agrícola en la región al realizar un intercambio de 50 millones de metros cúbicos anuales por infraestructura hidroagrícola, equivalente a 137 dólares el acre/pie (medida estadounidense para el agua de gran potencia equivalente a 1233.48184 litros)
Esto fue calificado por Campos González como una auténtica venta de agua a los Estados Unidos, sin haber tomado en cuenta a los propios agricultores, los principales afectados por ésta situación. Explicó que se creará un comité entre representantes de Arizona, Nevada y California para colocar ocho puntos de medición en la cuenca baja del Río, cuando según el tratado de aguas de 1944 esto debe de hacerse en la cuenca alta al ser ahí donde se da la recarga del subsuelo.
El hacerlo en la parte baja de la cuenca representaría siempre algo perjudicial para el lado mexicano porque siempre resultarían niveles bajos del agua y habría justificación para reducir el envió del recurso al Distrito 014, lo que provocaría escases en todo el estado, explicó.
