Beca Progreso, un caso que superó al sistema de justicia

El caso de la Beca Progreso, ventilado desde el 2015 por su entonces coordinadora Lucía Villarreal, demostró que los actuales sistemas de Justicia y Fiscalización en Baja California están superados al estar tanto la Procuraduría y el Orfis vinculados y ser dependientes del gobierno del estado, entrando en un conflicto de intereses.

El comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), Octavio Sandoval López, manifestó que el caso de este desfalco ha sido referente y demostró lo necesario que es actualmente la entrada en vigor del Sistema Estatal Anticorrupción.

De estar funcionando ya ésta entidad independiente de todo gobierno, se podría haber acelerado la denuncia presentada hace dos años, ya que el fiscal estatal anticorrupción estaría facultado de fiscalizar y presentar ante jueces del Tribunal de Justicia Administrativa y no esperar a que la PGJE y el Órgano de Fiscalización tengan que intervenir con la sospecha de que pudieran hacerlo coaccionados por su vínculo con la autoridad.

Esta semana la ex coordinadora de Beca Progreso volvió a la palestra luego de encabezar una conferencia de prensa en la que se defendió de la acusación en su contra por la supuesta participación en el desfalco de ésta bolsa, la cual ella misma fue la que investigó y denunció ante la autoridad de justicia en el 2015 y por lo que “se gano” la separación del cargo, ser inhabilitada durante este tiempo y ahora ser acusada de participar en el cobro de cheques que estaban destinados para escuelas y en el que consistió el desvío.

Explicó que ella señaló que tres funcionarios en ese entonces del Sistema Educativo Estatal (SEE) en dos denuncias; la primera por 58 cheques destinados a escuelas de escasos recursos y que fueron cobrados por trabajadores de la dependencia por un monto de 938 mil 372 pesos. De esta denuncia es de la que se vincula a la ex funcionaria.

En una ampliación de la denuncia, se vincula a estas mismas tres personas en el cobro de 44 cheques más por un monto de 642 mil pesos y una tercera entrega que quedo pendiente de 29 cheques equivalentes a 457 mil pesos.

En total se habla de 128 cheques, que representaban 2 millones 038 mil pesos.

Los nombres de los vinculados son Alexander Néstor Padilla Romero, Alexander García Luna y Jesús de la Rosa Anaya, hermano del ex secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya y el actual diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Andrés de la Rosa Anaya, curiosamente uno de los impulsores del SEA en el Congreso local.

Lucía Villarreal sostuvo desde la denuncia que presentó ha habido una persecución en su contra, y negó cualquier vínculo con los tres denunciados, tal y como lo quiere hacer ver la Contraloría a través de su investigación.

“Exhorto a la Procuraduría a ser imparcial, a que de una vez por todas castiguen a quienes tomaron esos cheques que eran para escuelas beneficiadas. Le pido al gobierno del estado que deje por favor esa persecución en mi contra. Lo único que hice fue denunciar un acto de corrupción y peculado”, expresó la aludida.

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