Mexicali, Baja California.- Una seria confrontación se está dando al interior del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) pues los miembros ciudadanos se dividieron en dos bandos y ambos acusan a su contraparte de, irónicamente, corrupción y de cometer ilegalidades.
En rueda de prensa ofrecida en la capital del estado, Edgardo Silva y Ricardo Zurita, consejeros del organismo, en compañía de la titular de la Secretaría de Honestidad, Vicenta Espinoza, ofrecieron pruebas con las que, aseguran, el grupo conformado por Francisco Fiorentini y Luis Irineo, ha querido “apoderarse” del Sistema y aplicar los intereses particulares de la Coparmex, de la que forman parte.
Edgardo Silva, que se presentó como fruto de las movilizaciones contra la Ley del Agua en 2017, sostuvo que el junto con Fiorentini impulsó la creación del SEA y que esté fuera un organismo fuerte y “con dientes” para ejecutar acciones concretas contra instituciones públicas. Lamentablemente el quiebre se dio cuando se designó a Luis Irineo como secretario técnico, pues no cumplía con los requisitos que la ley obligaba.
Junto a Ricardo Zurita desestimó los argumentos de sus opuestos en la entidad independiente que aseguran que protegen a las autoridades estatales actuales, pues el desencuentro se agudizó cuando se intentó abordar en el SEA el tema de la notaría pública entregada al ex gobernador, Xicoténcatl Leyva, y los sobornos que se ventilaron al inicio del actual gobierno en la Secretaría de Bienestar.
En ese sentido, Zurita sostuvo que los exhortos que presentaron “Fiorentini y su grupo” carecían de sustento legal como para ser válidas y serían desechados o ignorados, por lo que en su momento votó en contra, pero aseguró que de superar este sisma buscaría las sanciones correspondientes.
Sobre la presencia de la secretaria de Honestidad, ella misma aseguró que al formar parte de la Junta de Gobierno puede participar en las acciones que se realicen dentro del SEA sin que se interprete como intervención del gobierno del estado en un organismo supuestamente independiente.
La presencia de la funcionaria estatal fue para informar del uso poco transparente de los 15 millones de pesos que el gobierno del estado ha destinado al organismo, pues al no haber un órgano de control interno no hay un ente para fiscalizar el recurso económico.
