Tijuana, Baja California.- Como una amenaza para lo más preciado de los bajacalifornianos y un acto de arbitrariedad, fue calificado el decreto de expropiación del Club Campestre de Tijuana emitido este martes por el gobierno de Jaime Bonilla, por los candidatos a sucederlo, Lupita Jones y Carlos Atilano, de la Alianza Va por BC y Partido de Baja California (PBC), respectivamente.
En mensajes emitidos por separado, ambos aspirantes a suceder al primer jefe del Ejecutivo emanado del partido MORENA, que actualmente rige los destinos del estado, coincidieron en que este acto vulnera los derechos de los particulares.
“Amanecimos más desamparados que nunca. El gobierno de Bonilla está materializando una de las preocupaciones más grandes de los ciudadanos de Baja California: el intento de la expropiación de la propiedad privada “, expresó Jones Garay en torno al tema en un video al respecto.
Más tarde, en un posicionamiento oficial, la Coalición (PRI, PAN, PRD) que la ha postulado como candidata a la Gubernatura, ahondó: “Ya basta de que el gobernador siga confrontando a la sociedad, actuando con ocurrencias y por caprichos personales y sobre todo, alejado de la agenda de las y los bajacalifornianos.”
La sociedad, agrega el mensaje, exige resultados en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de abasto de medicamentos, pero de eso no escuchamos nada.
No solamente no atiende la agenda ciudadana, sino que violenta el estado de derecho y afecta la propiedad privada con decretos como el publicado el día de hoy, indica el boletín, que señala que mientras esto sucede, en Baja California repunta la pandemia del COVID-19 y los índices de inseguridad.
Gobierno de ocurrencias: Atilano
Ante la noticia de este día que el Gobierno del Estado emitió un decreto para expropiar el club deportivo campestre, el candidato a la gubernatura por el PBC, Carlos Atilano dijo que se trata de una acción por demás arbitraria e insensible.
“Un gobierno insensible, un gobierno que ha actuado con base de ocurrencias y arbitrariedades y que con esta acción atesta otro golpe más duro a la democracia y a la propiedad privada sin apego a la constitución y a la ley, por lo que manifestamos nuestro rechazo y la reprobamos, ya que en ningún párrafo del decreto se justifica de una manera precisa la utilidad pública y lo más delicado es que no se establece la correspondiente indemnización a los socios de este inmueble histórico de nuestra Ciudad”.
Carlos Atilano dijo que seguramente las autoridades federales habrán de revocar esta medida tan irresponsable y caprichosa por parte del gobierno del estado, sin embargo dijo que la mejor manera de revertirlo es votar a favor de un gobierno ciudadano, un gobierno que auténticamente trabaje por y para la ciudadanía y no para intereses políticos partidarios como el que él representa.
“Hoy le decimos no al gobierno del Estado, apoyamos la propiedad privado, apoyamos al Club campestre y nos oponemos al desmantelamiento sistemático de nuestras instituciones, así como lo hizo con el edificio del centro de gobierno, la biblioteca pública Benito Juárez y el instituto de cultura”.
Con esta acción, dijo, se trata de otro hecho grave de afectación a la constitucionalidad al estado de derecho en Baja California, es otro acto de barbarie del Gobernador, este decreto agravia no solo a los socios del campestre, sino a toda la sociedad de baja california.
“El Gobernador quiere ser robin hood, tener esa imagen de quitarle a los ricos para darle a los pobres y eso no debe ser la esencia de un Gobierno, ya que el gobierno debe de trabajar para todos, hay una gran falacia detrás de todo esto, ya que ciertamente la población merece espacios recreativos, pero vean lo que está sucediendo con el parque Morelos, lo están destrozando, cada vez son menos los espacios verdes y más con concreto, luego entonces para que se quiere el campeaste, para no darle manteamiento como los parques temáticos actuales”
