El 25 Consejo de la Judicatura de Baja California, con sede en Mexicali,  Baja California, ordenó la suspensión de las obras magnas del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo son el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, y reorientar su presupuesto a la atención a la salud de los mexicanos, ante la crisis que enfrenta el país por el Coronavirus COVID-19.

La decisión del Juez federal busca reorientar el presupuesto destinado para estas construcciones hacia la atención al sector de salud y la crisis económica derivada de esta epidemia.

La queja fue planteada por el doctor en Derecho Fiscal, Adolfo Solís, en donde señalaba que el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, había calificado como “indispensable” la ejecución de las obras antes mencionadas; sin embargo, la declaración de “emergencia sanitaria” indicaba la suspensión de actividades no esenciales, por ello la construcción de estas obras públicas no deberían entrar en esta clasificación.

La refinería Dos Bocas, en construcción.

Solís mencionó en una entrevista con el periodista Pedro Ferriz de Con, que estas actividades no se consideran como “prioritarias” para el sector salud ni para el sector económico en estos momentos; también declara que la prioridad actual debería ser “salvar vidas” y “crear empleos”.

El documento firmado por el Actuario Judicial del juzgado con sede en Mexicali, señala que las construcciones como Dos Bocas, Santa Lucía y el Tren Maya no son esenciales para la conservación de fuentes de empleo de todos los mexicanos.

La reorientación del presupuesto público federal también va dirigido al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, ya que Solís menciona que prácticamente se “premiaba” a quienes no trabajaban, mientras las personas que sí laboran, pero están en riesgo de perder su empleo en estos momentos, no reciben ningún estímulo.

La queja fue aceptada, por lo cual se exige al Gobierno Federal que se suspendan las actividades antes mencionadas con el fin de utilizar el presupuesto para la “protección de las fuentes de empleo ante la crisis causada por la emergencia sanitaria”, se cita en el documento.

Adolfo Solís señala que los “afectados” pueden apelar la decisión ante una institución de poder judicial mayor, pero hasta el momento en que eso no ocurra, se debe cumplir totalmente la demanda que ya fue aceptada por el distrito.

Durante la entrevista con Ferriz de Con, se enfatiza que esta decisión judicial se da por primera vez en toda la historia, nunca un juez federal había realizado un pronunciamiento sobre la reorientación del presupuesto público en México.

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